Una semana después de que la Justicia brasileña pusiera en prisión al exministro de Educación de Jair Bolsonaro, Milton Ribeiro, el mandatario admitió públicamente que hay casos de corrupción bajo su Gobierno.
Son numerosas las denuncias que pesan sobre la familia Bolsonaro, y el presidente se ha encargado personalmente de responder de manera agresiva tanto a los denunciantes, como a los jueces que tomaron las causas (algunos de ellos fueron amenazados por sus partidarios). Sin embargo, durante un acto de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), en Brasilia, aseguró que existen actos corruptos, pero señaló que son “aislados” y no “endémicos”.
Al respecto, afirmó: “El estudio avanzado del ingreso de Brasil en la OCDE es la señal que Brasil está bien visto globalmente. Nosotros atacamos la facilitación de negocios, así como el combate a la corrupción. En esto estamos muy bien en el Gobierno. No tenemos ninguna corrupción endémica en el Gobierno».
Y, en ese mismo sentido, agregó: “Hay casos aislados que salpican, y buscamos una solución para esto. Pero además de la elección de los ministros, además de conversar con ellos cuál es su función de verdad, en cada ministerio tenemos una célula de funcionarios de la Policía Federal, de la Contraloría General y del mismo Tribunal de Cuentas para analizar, lo que es demasiado caro para nosotros».
Pero prefirió no ponerles nombres a esos hechos, sino hacer foco en el sistema que favorece la corrupción. «Atacamos la posible corrupción en el origen. No interesa descubrir el corrupto, queremos evitar que aparezca la figura del corrupto«, aseguró Bolsonaro.
EL CASO RIBEIRO
Pero, aunque Bolsonaro no haya querido referirse explícitamente a un caso en particular, sus palabras apuntaron al caso del exministro Ribeiro, detenido la semana pasada por presuntos desvíos de fondos públicos cuando se encontraba en ese cargo, además de haber favorecido ilícitamente a dos pastores evangélicos, que colaboraban con él.
Se trata de un hombre cercano a Bolsonaro, que fue arrestado en su residencia de la ciudad de Santos por orden del juez Renato Borrelli, quien lo acusa de corrupción pasiva, prevaricato y tráfico de influencias.
En concreto, distintos alcaldes denunciaron que desde la cartera les exigían sobornos en dinero o incluso oro para acelerar el envío de fondos federales, incumpliendo las reglas de distribución de recursos, además de incurrir en un delito. Esas negociaciones paralelas eran llevadas a cabo por los pastores Gilmar Santos y Arilton Moura, quienes también fueron detenidos.
Por este caso, el exfuncionario debió renunciar a su cargo en marzo pasado.
Tras la detención, Bolsonaro se distanció de su hasta entonces aliado y señaló que la detención «muestra que el Gobierno no tiene interferencia en la Policía Federal». “Debe responder por sus actos», sostuvo y señaló que esto seguramente será usado por sus opositores en medio de la campaña electoral.
DENUNCIA Y RENUNCIA
Por otra parte, otro funcionario de Bolsonaro debió presentar su dimisión tras ser denunciado. Pero esta vez el caso es más grave: lo acusan de acoso sexual.
Pedro Guimaraes, titular del banco pública Caixa Económica Federal, fue señalado por sus ejecutivas y empleadas por acosarlas en distintas situaciones, siempre vinculadas a compromisos laborales. En sus declaraciones en la Justicia se refieren a “toques íntimos no autorizados, comportamientos inadecuados e invitaciones heterodoxas”.
Como consecuencia, se le abrió una causa penal en el Ministerio Público Federal y la fiscalía del trabajo de Brasilia. Pero la renuncia se produjo luego de que sus propios empleados se agruparan para exigirle la salida a uno de los hombre fuertes del presidente en materia económica, al punto que su nombre sonó en 2020 para reemplazar a Paulo Guedes como Ministro de Economía.
Guimaraes rechazó las acusaciones en su contra y afirmó: “No puedo perjudicar a la institución con acusaciones no verdaderas que no reflejan mi postura profesional y personal”.
Fuente: www.noticiasargentinas.com
