«Un pueblo armado no será esclavizado», afirmó por Facebook, en la noche del jueves, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en medio de una campaña electoral para las municipales del domingo, donde ya murieron al menos 83 personas, entre candidatos a intendente, a concejal, asesores y militantes.
Una de las zonas más calientes de la violencia es la Baixada Fluminense y el Gran Río de Janeiro, donde ser candidato o denunciarlos puede ser cuestión de vida o muerte, con las mafias parapoliciales controlando el comercio, recaudando por ‘seguridad’ y compitiendo con los narcos por la venta de drogas.
Según la base de datos de la ONG Fogo Cruzado, siete atentados fueron cometidos desde el inicio de la campaña electoral con tres muertos en el Gran Río de Janeiro.
El caso más emblemático ocurrió en el municipio de Magé, cuando una militante de 40 años opositora al actual alcalde fue acribillada de 14 balazos por sicarios en la puerta de su casa.
Lo que en el imaginario popular son los crímenes de la narcopolítica colombiana del siglo XX o la mexicana del XXI, en Brasil transcurre en forma silenciosa para los grandes medios, ya que los involucrados pertenecen a pequeños partidos sin vinculación con los poderes centrales.
Precisamente en uno de los municipios donde pasa el Trópico de Capricornio, en Guarulhos, estado de San Pablo, un candidato a concejal del Partido Liberal, Ricardo Moura, fue baleado en el hombro y la pierna cuando hacía una transmisión en vivo por el celular.
La violencia política tuvo un gran ejemplo en 2018, cuando un hombre inimputable sin capacidad mental, Adelio Bispo, acuchilló en el estómago al entonces candidato a presidente Jair Bolsonaro, en una acción que lo sacó de los debates y le agregó una conmoción nacional que le rindió votos que no tenía antes de sufrir el atentado.
Desde el inicio de 2020, por cuestiones vinculadas a la política barrial y municipal han muerto 83 personas y 170 resultaron heridas, según un informe del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía.
De ellos, al menos 10 eran candidatos a intendente en alguno de los 5570 municipios de Brasil.
«Se ha tranformado todo en algo de disputa personal sin espacio para la contraposición. Cualquier idea se transforma en caballo de batalla y esto nos lleva al drama, incluso con agresión física y asesinatos», dijo el cientista político Jorge Mizael, de la Consultora Metapolítica, al diario Correio Braziliense, de Brasilia.
Así como Bolsonaro hizo campaña exitosa apoyado en fake news comprobadas en las redes sociales en 2018, ahora políticos barriales vinculados a la solución de controversias fuera de los tribunales entienden a un meme como algo imperdonable.
«Hay un completo irrespeto por el otro, algo que desemboca en tragedia o preocupante es que gran parte de la población pretende vivir así, en una tendencia más real de lo que pensábamos que iba a ser», argumentó.
El accionar de los parapoliciales y de otros grupos criminales, como el Primer Comando de la Capital (paulista) o el Comando Rojo (carioca) también está vinculado a las campañas electorales.
La nueva legislación que prohíbe a empresas aportar a las campañas ha reducido el financiamiento legal y muchos candidatos de regiones dominadas por el crimen organizado apenas tienen al capanga del municipio como fuente de dinero para llegar a un cargo.
La Policía Federal desbarató esta semana una red de parapoliciales de Río de Janeiro que quería interferir en las elecciones, mientras que el PCC es sospechoso de impedir el ingreso de candidatos con los que no comulga en el estado de San Pablo, el más poblado y rico del país.
En el balneario paulista de Sao Vicente, la primera ciudad fundada por los portugueses en Brasil, ubicada al lado del puerto de Santos, el miércoles la periodista Solange Freitas, candidata a intendenta del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), sufrió un atentado por parte de sicarios.
Su automóvil fue blanco de 15 disparos y ella y sus asesores salieron ilesos porque el vehículo era blindado.
Los números de víctimas de la campaña electoral son difíciles de captar debido a que el tribunal electoral brasileño no considera estos delitos como parte del proceso y los considera dentro de la justicia común, con lo cual existe la llamada subnotificación.
