A pesar de que en campaña había prometido no hacerlo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, parece haber tomado real dimensión del conflicto con algunos grupos radicalizados vinculados a las comunidades mapuches, y decidió militarizar el sur del país.
A través de su ministra del Interior, Izkia Siches, este lunes debió decretar el «estado de excepción» en dos regiones patagónicas. De ese modo, desplegará las Fuerzas Armadas para tratar de poner paños fríos a la creciente violencia.
Según informó la prensa chilena en las últimas semanas, mientras se debatía la nueva Constitución Nacional en la Convención Constituyente, Boric analizaba distintas alternativas intermedias entre “dejar actuar” y la “militarización”, como una especie de “intervención blanda”. Pero los atentados producidos en las últimas semanas y la amenaza de “resistencia armada”, aceleraron la decisión por la opción más dura.
En ese sentido, Siches aseguró: “Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia».
Las fuerzas se desplegarán ahora en las regiones de La Araucanía y en dos provincias de la región del Biobío, con el objetivo de «resguardar las rutas, permitir el libre tránsito de personas y el abastecimiento».
EL CONFLICTO
Desde hace décadas existe en estas regiones una disputa territorial entre comunidades mapuches, que reclaman el derecho ancestral sobre las tierras de la región (también del lado argentino) y las empresas forestales que operan en la zona, aunque también con el Estado.
Varios grupos se han radicalizado y en los últimos años han ejecutado y reivindicado numerosos atentados, como incendios en infraestructuras públicas y privadas; daño a maquinarias y rutas; tiroteos; ataques con piedras y palos a instalaciones y personas; e incluso ataques contra funcionarios del propio Gobierno de Boric, que acaba de asumir con un discurso flexible ante los reclamos indígenas.
En ese sentido, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), organización radical que se atribuyó decenas de atentados desde los ‘90, llamó a la «resistencia armada» ante la posibilidad de una militarización. Su líder, Héctor Llaitul, exhortó a sus seguidores a «preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada por la autonomía».
El Gobierno, además de la respuesta militar, presentará una querella en su contra.
Como se señalaba, la medida significa una marcha atrás por parte del mandatario, quien había criticado fuertemente a su antecesor, Sebastián Piñera, cuando propuso una medida similar en 2021 y 2022. Pero su apuesta al diálogo, al menos en el inicio de su gestión, no ha dado el resultado esperado.
De todos modos, Siches agregó tras el anuncio que el plan gubernamental es crear un Ministerio de los Pueblos Indígenas, con una inversión de 400.000 millones de pesos (unos US$ 460 millones) para mejorar la infraestructura y servicios de la zona, además de que se duplicará el presupuesto para la compra de terrenos en manos privadas, para su restitución a las comunidades.
