El futuro político de Chile se define, en parte, el próximo fin de semana, con la inédita elección de dos días, en los que los ciudadanos escogerán a los 155 delegados de la Convención Constituyente (CC), que redactará una nueva Carta Magna que sepulte a la actual, escrita durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
La reforma constitucional, surgida al calor de las protestas populares que estallaron en octubre de 2019, comenzará con el voto ciudadano de este sábado y domingo para elegir los 138 convencionales constituyentes, distribuidos en 28 distritos nacionales.
Los 17 escaños restantes, gracias a una reforma constitucional aprobada en el Congreso, fueron reservados para los 10 pueblos originarios reconocidos por ley.
Hay 70 listas de todo el arco político, con candidatos que vienen del Poder Ejecutivo y el oficialismo, así como también líderes de la oposición, intelectuales, académicos e independientes.
«Apruebo Chile Digno» y «Que Chile Decida» juntan a los principales partidos opositores, que están por el cambio total de la constitución pinochetista y proponen empezar la CC con una «hoja en blanco».
Marcelo Mella Polanco, politólogo de la Universidad de Santiago de Chile, señaló en diálogo con Télam que esta elección «es una oportunidad para poder superar la herencia institucional dejada hace más de tres décadas por la dictadura del General Pinochet».
El abogado Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana (DC) afirmó, en tanto, que el éxito de la CC «dependerá de la experiencia en la construcción de acuerdos».
«Este es el momento de poder cerrar la transición política y pasar a un nuevo estadio de democracia mucho más profunda y participativa a través de una nueva Constitución, y hacer la transición económica hacia un nuevo modelo de desarrollo», dijo Chahín a CNN Chile, y agregó que está de acuerdo con la idea de un Estado Plurinacional y pluricultural.
Otro referente opositor es el abogado Fernando Atria, candidato por el distrito 10 -una de las zonas de Santiago más disputadas-, quien propone «erradicar» el «Estado subsidiario» y sostiene que «en su reemplazo tiene que haber un Estado que asuma el deber de realizar derechos sociales».
Este punto de Atria coincide con un planteo de Mella Polanco, quien destacó que deben existir «reformas a nivel de políticas públicas para poder reformar un modelo esencialmente neoliberal hacia uno de mayor solidaridad, con derechos más robustos para los ciudadanos y las ciudadanas, y que permita construir una sociedad a un país con mayores niveles de equidad».
Del lado conservador, está el comando «Chile Vamos por el Apruebo», que junta a los partidos políticos oficialistas, con candidatos que proponen reformar algunos artículos de la constitución y dejar otros de la Carta Magna actual.
Francisco Moreno Guzmán, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI) y sobrino del exsenador Jaime Guzmán, ideólogo de la actual constitución, dice que va a la CC a «a proponer, a conversar y a discutir con medidas y principios, estructuras políticas» y que planteará «una discusión profunda sobre los distintos sistemas políticos y constitucionales que Chile ha tenido».
Aunque no reveló qué votó en el plebiscito, aseguró que no es «un viudo de la Constitución del 80».
El oficialismo jugó fuerte para esta elección.
Varios miembros del Gobierno de Sebastián Piñera salieron de sus funciones para asumir candidaturas a la CC, entre ellos Marcela Cubillos, ex ministra de Educación.
«El trabajo en la Convención Constituyente debe ser serio, con respeto a las reglas, con debate, sin violencia, buscando acuerdos que construyan y no polaricen aún más este ambiente político que nos tiene asfixiados», dijo Cubillos al diario El Mercurio.
Otro caso es el de Gonzalo Blumel, exministro de Interior y Seguridad Pública, quien alertó que hoy «Chile vive una crisis profunda de legitimidad de sus instituciones democráticas, especialmente los poderes Legislativo, Ejecutivo y, en cierta medida, también el Judicial».
Para Blumel, «es fundamental que en la Convención Constituyente se discuta a fondo sobre el régimen de Gobierno y el sistema de partidos políticos».
Existen más de 1.400 candidatos a la Convención Constituyente, que funcionará en el Palacio Pereira, antigua sede del Congreso, en el centro de Santiago, por un lapso de nueve meses, prorrogables por tres meses sólo en una ocasión.
«Es una oportunidad para hacer esta segunda transición de la que muchos hablan en Chile», explica Mella Polanco.
«La primera (transición) fue aquella que permitió sacar a Pinochet del poder en el año 1989» y la segunda es «aquella que permite tres décadas después superar la herencia en términos de modelo de desarrollo y constitucional que nos heredó la dictadura», explicó.
El Gobierno ya aclaró en su página web que la CC «no puede intervenir ni ejercer ninguna otra función de otros órganos o autoridades» y planteó que «la nueva Constitución deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile».
Todas las normas y artículos de la nueva Constitución deben ser aprobados por dos tercios de los convencionales y una vez aprobado el nuevo texto el Presidente Piñera deberá convocar al llamado «plebiscito de salida», 60 días después.
De ganar la opción ‘Apruebo’ en ese segundo plebiscito, se convoca al Congreso Pleno para promulgar y jurar sobre la nueva Constitución. Pero si gana la otra opción en las urnas, se mantiene vigente la Constitución de 1980.
Para Mella, Chile debe aprovechar esta oportunidad para «reconstruir un pacto político y social que le permita profundizar la democracia, y recuperar capacidad de auto regulación, de reconstruir la convivencia interna que hoy día parece tan severamente dañada».
