Durante las últimas dos semanas, miles de manifestantes indígenas agrupados en la Conaie marchan en todo Ecuador en contra de lo que consideran una política de ajuste por parte del presidente Guillermo Lasso, que recae especialmente sobre los sectores más vulnerables.
Lasso asumió a fines de mayo de 2021, es decir, hace apenas un año, pero desde entonces ha intentado implementar un plan de reducción del déficit fiscal y de cumplimiento de las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de medidas como la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que ha incrementado los precios de los alimentos y de los costos de los productores, sumado a la crisis global de los commodities.
La misma decisión había tratado de tomar su antecesor, Lenín Moreno, y tuvo que enfrentar masivas marchas y violentos enfrentamientos entre septiembre y octubre de 2019, hecho que lo obligó a dar marcha atrás y marcó el fin de su Gobierno.
Ahora, las imágenes de las calles de las principales ciudades de Ecuador abarrotadas de manifestantes y el reciente intento de toma ingreso al Congreso (el jueves) dan la vuelta al mundo. Ya hay tres muertos, cientos de heridos y las organizaciones denuncias que hay personas desaparecidas. Pero, ¿qué es lo que piden en concreto los manifestantes?
PUNTO POR PUNTO
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), liderada por Leonidas Iza, aseguró que las medidas de fuerza se tomaron luego de dos fallidas mesas de negociación con Lasso, quien decidió no dar lugar a los reclamos (incompatibles con su agenda de gestión) y reprimir las protestas.
Vale recordar que la Conaie está compuesta por 53 organizaciones, 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas de Ecuador, y está dividida en tres unidades: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice). Tiene una masiva participación y un amplio poder de movilización a lo largo de todo el territorio, lo que lo convierte en un actor clave de la política ecuatoriana.
El 13 de junio, cuando dieron inicio formal a las medidas de fuerza, presentaron un petitorio con diez puntos concretos, que se enumeran a continuación:
1- Reducción de los precios de los combustibles, congelando el del diésel a US$ 1,50 el litro y la gasolina extra y Ecopaís a US$ 2,10.
2- Medidas de alivio económico que beneficien a más de 4 millones de familias endeudadas. Reclaman una moratoria de mínimo un año y renegociar esas deudas con reducción de las tasas de interés. Junto a esto, piden prohibir el embargo de bienes como casas, terrenos y vehículos.
3- Precios justos para los productos de campo, como leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos y tomate, además de la eliminación el cobro de regalías en las flores, un importante producto para algunas regiones.
4- Políticas de inversión pública para mejorar el empleo y garantizar los derechos laborales. Exigen «frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular».
5- Reclaman una moratoria para la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, asegurando su auditoría y la reparación integral de los impactos socioambientales.
6- Que se respeten los 21 derechos colectivos, entre los que se incluyen la educación intercultural bilingüe; justicia indígena; consulta previa, libre e informada; y la organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
7- Fin de las privatizaciones, especialmente en sectores estratégicos que la Conaie considera “patrimonio de los ecuatorianos” (como el Banco del Pacífico, las empresas hidroeléctricas, el IESS, la Corporación Nacional de Telecomunicación, rutas y salud).
8- Vinculado al punto 3, piden una política de control de precios para combatir la especulación de los intermediarios en los productos de primera necesidad.
9- Refuerzo de los presupuestos de Salud y Educación. Denuncian faltantes de insumos y de personal y piden garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior.
10- Seguridad. En el último año se han incrementado de manera significativa los hechos de violencia e inseguridad, afectando a toda la población, pero muy especialmente a los sectores más vulnerables. Piden frenar “la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado”.