El Tribunal Constitucional de Colombia declaró inconstitucional la aplicación de la cadena perpetua, revisable a los 25 años, para los criminales acusados de asesinar y violar a niños y adolescentes, una de las propuestas electorales del presidente, Iván Duque.
La decisión anula la llamada ‘Ley Gilma Jiménez’, aprobada el pasado julio, que eliminaba la prohibición de las penas de prisión perpetua en el país. La ley indica que los abusadores de menores a los que se les imponga cadena perpetua, si bien tendrán derecho a una revisión de su condena y a que eventualmente se les modifique la pena, no podrán quedar libres sin pagar como mínimo 50 años de cárcel.
Establece que cuando a alguien se le imponga cadena perpetua, automáticamente esta debe ser objeto de control del superior jerárquico al juez que tomó la decisión. Las sentencias de estas condenas tendrán segunda instancia y en ningún caso libertad condicional.
Sin embargo, el Tribunal ha dado la razón a la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien argumentó que la cadena perpetua genera efectos gravísimos “para la dignidad humana de la persona condenada y al sistema penitenciario actual”, y aseguró que esta “no es una medida proporcional ni efectiva”.
La ponencia fue aprobada por seis votos a favor frente a tres en contra. “El Congreso de la República transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución, pues afectó un eje definitorio de la carta como lo es el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la Constitución”, señala el documento, de acuerdo con el medio colombiano ‘El Tiempo‘.
El Tribunal responde así a una demanda presentada por varios miembros del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, que consideraban que la cadena perpetua “no respeta el principio de resocialización, es decir, el objetivo de reintegrar en la sociedad a los presos”.
De acuerdo a los demandantes, “penas mínimas de 25 años, al ser tan largas, conllevan un proceso de prisionización que viola la dignidad del ser humano al anular su autonomía como sujeto moral, además de causarle daños irreversibles en su salud física y mental”.
“Los fallos se acatan. Las fallas de nuestra sociedad tenemos que corregirlas. Seguiremos nuestra lucha por los derechos de los niños y por lograr la máxima sanción ejemplarizante a quienes los asesinan y abusan”, dijo Duque tras la decisión del Constitucional.
La representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba, dijo: “Como colombiana soy respetuosa de las decisiones de la Corte Constitucional, aunque no comparta este fallo. La Corte privilegió la dignidad humana del agresor sobre la de la víctima indefensa y vulnerable.
“Al ser la pena revisable a los 25 años, le da la posibilidad al condenado de resocializarse y tener una segunda oportunidad frente a la sociedad. No se explica cómo en otros países que consagran la pena de Prisión Perpetua, ésta se ha mantenido sin consideraciones violatorias al Estado de Derecho”, señaló Villalba, autora del acto legislativo de Prisión Perpetua.
Así mismo, indicó que la Corte Constitucional “hace ver a Colombia como si no honrrara los pactos internacionales sobre los derechos de los niños y niñas. Una persona que engaña, secuestra, tortura, viola y asesina un menor de edad, no merece ser privilegiado. La culpa no es de la Ley, tampoco de las víctimas, la culpa es de las personas incapaces de vivir y servir a una sociedad que reclama justicia y amparo”.
La Congresista manifestó que “el Congreso no se extralimitó. A este Poder le es dable modificar la Constitución Política preservando los principios fundantes del Estado de Derecho como el de la dignidad humana; así lo hizo al consagrar la pena revisable dándole una segunda oportunidad al condenado para que se reintegre a la sociedad y rectifique su vida y su camino. Como autora de la pena de prisión perpetua, seguiré en mi lucha para proteger y defender los derechos de los más vulnerables e indefensos”. La Ley Gilma Jiménez es en honor a la ex senadora, quién falleció hace ocho años, “anhelando el inexorable castigo para quienes cometan este tipo de delitos contra los menores”, señaló el Congreso de Colombia.
“Ella soñaba con cambiar así la historia de dolor y de impunidad, que han padecido muchos niños del país. Repetía frecuentemente: ‘los niños son sagrados, quien se meta con ellos, debe pagar’. “Esta ley no sería una realidad si su hija, Yohanna Jiménez, no hubiese tomado la decisión de continuar abanderando la causa, para proseguir con el gran anhelo de su madre. Fue así como buscó la manera de que el gobierno volviera a presentar el proyecto, hasta que la aprobación del Acto Legislativo, se convertiese en Reforma Constitucional”, señala el Congreso.
