Unas 43 personas resultaron heridas por la explosión de un coche bomba frente a la alcaldía del municipio colombiano de Corinto, en el departamento del Cauca, en un ataque que el Gobierno atribuyó hoy a disidentes de las FARC que se marginaron del acuerdo de paz.
«Hay 43 personas afectadas que están siendo atendidas en centros hospitalarios, 17 por aturdimiento, 20 con lesiones leves y hay 6 heridos de consideración», declaró el ministro de Defensa, Diego Molano, esta madrugada.
Entre las víctimas del ataque, que ocurrió ayer, hay 13 funcionarios heridos y dos son mujeres embarazadas, informó un responsable de la alcaldía.
«Este atentado indiscriminado contra la población civil y en este caso contra una institución pública como la alcaldía es un hecho demencial, terrorista y que es atribuible a la columna Dagoberto Ramos», de las disidencias de las FARC, agregó el ministro Molano, citado por la agencia de noticias AFP.
El presidente Iván Duque calificó el ataque como «absurdo» y «reprochable», en su programa de televisión cotidiano.
En imágenes difundidas por los medios, se observa un automóvil incinerado en medio de la calle y las construcciones alrededor con sus ventanas y puertas rotas. Ocho casas fueron afectadas por la explosión.
Colombia desarmó al grueso de la extinta guerrilla de las FARC con la firma de un histórico acuerdo de paz en 2016. Algunos rebeldes rechazaron el pacto y se reorganizaron en diferentes grupos conocidos como disidencias.
Sin un mando unificado, en sus filas hay unos 2.500 militantes y se nutren principalmente del tráfico de drogas y la explotación ilegal de oro y otros minerales, de acuerdo con Inteligencia militar.
La misión de verificación del acuerdo de paz de las Naciones Unidas rechazó el atentado y pidió garantías de seguridad en los territorios cercados un rebrote de violencia.
Aunque el desarme de los paramilitares (2006) y las FARC (2017) redujo la intensidad del conflicto, Colombia está abocada a un nuevo ciclo de violencia por cuenta de las organizaciones que se financian del narcotráfico.
En casi seis décadas de lucha interna se reportaron 9 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, siendo estos últimos los que componen la mayor población afectada.
Hoy, la ONU emitió un informe en el que alerta que el rebrote de violencia desplazó u obligó a confinarse a 13.422 personas en lo que va de 2021.
«La situación en la región pacífica es particularmente preocupante. Miles de civiles están atrapados en el fuego cruzado entre actores armados ilegales y la fuerza pública», expresó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un informe enviado al Consejo de Seguridad.
Entre los afectados se cuentan 5.574 menores de edad.
En medio de esta ola de violencia, Rodrigo Londoño, jefe de la extinta guerrilla, dirigió ayer una carta al Consejo acusando «una negación abierta al compromiso estatal de garantizar la vida y la integridad» de los firmantes del pacto de paz.
Unos 262 excombatientes de las FARC fueron asesinados desde la firma del pacto, según la ONU.
