La dictadura encabezada por Daniel Ortega y su esposa ahora copresidenta, Rosario Murillo en Nicaragua, cuenta, según el Grupo de Expertos nicaragüense en Derechos Humanos de la ONU, con una red de espionaje que identifica a opositores, funcionarios públicos y ciudadanos que sean considerados una amenaza para este régimen que se aferra al poder desde 2007.
Esta red de espionaje consiste en una estructura conformada por integrantes del Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el Ministerio de Salud y grupos armados progubernamentales.
Además, acorde con el reporte presentado en presentado en Ginebra y dado a conocer en Costa Rica por la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, dispone de un centro de computos en cada municipio para reunir información sobre sus habitantes.
Las instituciones del Estado están conectadas con esta red de espionaje a través de los secretarios públicos que se encargan de decidir a qué personas se investigará.
Los datos recolectados se procesan en el Centro de Información e Inteligencia Policial, el Comité Nacional de Información, la Unidad de Análisis Financiero y la estructura del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Esa información, según el estudio, es usada por la dictadura para vigilar, acosar, detener, expulsar y hastar quitarle la nacionalidad a los opositores.
El FSLN tiene un sistema de inteligencia compuesto por trabajadores públicos que apoyan a la dictadura y entonces, trabajan como infiltrados en las instituciones públicas. También están los militantes del oficialismo nucleados en «Unidades de Victoria» distribuidas en distritos, municipios y barrios.
«Estas Unidades recogen información que los secretarios políticos transmiten a la dirección del FSLN, que la comparte con la Dirección de Información para la Defensa del Ejército y con los servicios de inteligencia de la Policía», detalló el informe.
Es una red de espionaje que está presente en los barrios, alcaldías, ministerios y gobernaciones con el objetivo de monitorear de forma constante a la población.
Luego de identificar a los opositores, el régimen decide si estos individuos serán perseguidos, procesados judicialmente o expulsados del país.
La palabra final sobre la expulsión de un opositor la tiene el viceministro del Interior, Luis Cañas, quien lo consulta con la copresidenta, Rosario Murillo.
Esta red de espionaje vigila no solo a los opositores sino a toda la población.
