El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, afronta un difícil momento luego de que la Asamblea Nacional aprobó su destitución y avanzan las investigaciones en su contra por el anuncio de la ley marcial.
Este sábado, el Parlamento surcoreano aprobó una moción para destituir al mandatario con 204 votos a favor -entre ellos algunos del oficialismo-, 85 en contra, 3 abstenciones y 8 votos nulos.
La medida suspendió a Yoon del poder y de sus deberes presidenciales, mientras el Tribunal Constitucional analiza si ratifica su expulsión del cargo o no, en un proceso que tendrá un primer avance el 27 de diciembre y se podría extender hasta seis meses.
Por el momento, el cargo de presidente en funciones recayó en el primer ministro, Han Duck-soo, quien aseguró que buscará normalizar la situación en el país tras la crisis política que generó la efímera ley marcial.
LAS INVESTIGACIONES CONTRA PRESIDENTE
Además del proyecto aprobado para su destitución, Yoon Suk-yeol también afronta varias investigaciones en su contra por parte de la policía, la fiscalía y la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango por los delitos de insurrección y abuso de poder.
Una unidad de investigación creada por la fiscalía lo convocó para un interrogatorio, pero el mandatario la rechazó presuntamente porque aún no terminó de contratar a su equipo jurídico para defenderse.
Ante la resistencia de Yoon, la fiscalía envió una nueva notificación este lunes 16 de diciembre para que comparezca ante los investigadores como parte del proceso.
Actualmente, el mandatario tiene una restricción para salir del país, aunque advierten que podrían pedir su detención como ocurrió con otros de sus exfuncionarios.
Si es hallado culpable de cometer el delito de insurrección, podría recibir una dura pena a cadena perpetua en prisión, e incluso podría ser condenado a pena de muerte.
