Durante las audiencias de sustentación de cargos contra el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, y exfuncionarios de su gobierno, acusados de ordenar esterilizaciones forzadas a miles de mujeres, mayoritariamente indígenas y campesinas hablantes de quechua, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú dijo: “Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y, por ende, no pueden prescribir.
Las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparaciones sin más dilaciones ni excusas”. Añadió que “esto significa que el derecho a verdad, justicia y reparaciones de las víctimas no puede extinguirse por el paso del tiempo y que los presuntos responsables de tales crímenes deben comparecer ante la justicia ordinaria y, de ser hallados culpables en juicios justos, deben ser sancionados conforme a la gravedad de sus conductas”.
También señaló que las víctimas tienen derecho a recibir una reparación plena e integral, que incluya medidas efectivas de restitución, indemnización, rehabilitación de daños físicos y psicológicos, más otras medidas simbólicas destinadas a paliar su sufrimiento y el de sus familiares y ayudarlas a rehacer sus vidas.
En la década del 90, cerca de 270 mil mujeres, en su mayoría indígenas y campesinas, fueron esterilizadas, miles de ellas sin su consentimiento pleno e informado, en el marco de una política de control demográfico dirigida a personas que vivían en condiciones de pobreza en Perú.
“Muchas de esas mujeres denunciaron haber sido amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o el retiro de ayuda alimentaria si no se sometían al procedimiento quirúrgico. “Otras mujeres no recibieron la información en su idioma, siendo engañadas, y otras no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados y, como consecuencia de ello sufrieron graves problemas de salud.
Hasta lo que se sabe, 18 mujeres murieron a consecuencia de tales intervenciones”, señala Amnistía Internacional. Luego de 25 años de los hechos, en marzo de 2021, el Ministerio Público sustentó los cargos y la denuncia contra Alberto Fujimori y varios de sus ministros de salud de la época “como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones contra los derechos humanos y por el delito de lesiones graves”.
El fiscal Pablo Espinoza Vásquez presentó más de 1300 pruebas para sustentar la acusación, sin embargo, la defensa de Fujimori argumenta que “ya han pasado muchos años y los delitos han prescrito”.
Amnistía Internacional consideró que la comisión generalizada de esterilizaciones forzadas durante los años ’90 en el Perú constituye crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, es imprescriptible, de acuerdo con las normas y compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
“La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad garantiza que el derecho a la verdad, justicia y reparaciones de las víctimas no se extinga por el paso del tiempo y que los presuntos responsables de tales crímenes comparezcan ante la justicia ordinaria y, de ser hallados culpables en juicios imparciales, sean sancionados conforme la gravedad de sus conductas”, señala Amnistía Internacional.
Desde el mes de marzo se están llevando audiencias judiciales para sustentar las acusaciones del Ministerio Publico Fiscal y en los próximos días el juez a cargo debe decidir si admite la acusación y, abre así, “la largamente dilatada posibilidad de acceso a la justicia para las víctimas de esterilizaciones forzadas”, informa el organismo defensor de derechos humanos.
Publicado en cooperación con Newsweek/ Published in collaboration with Newsweek
