En Venezuela se contabilizaron 413 protestas durante agosto de este año, justo el mes después de las elecciones que se llevaron a cabo el 28 de julio.
De esa cifra, publicada por el El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se desprenden 14 manifestaciones diarias, lo cual significa un incremento del 6% en relación al mismo periodo pero de 2023.
También el mes de agosto los Derechos Civiles y Políticos (DCP), fueron exigidos en 367 protestas, es decir, 89% del número total. Esto lleva a una suba del 60% respecto al mismo período de 2023.
Además 46 manifestaciones registradas de los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), reúnen el 11% del total general. Esto refleja la urgencia de políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los servicios básicos.
Los puntos más álgidos de las movilizaciones tuvieron lugar el 3, 17 y 28 de agosto, nucleando el 64% de todas las acciones de eses mes convocadas por agrupaciones políticas.
CÓMO FUERON LAS PROTESTAS DURANTE AGOSTO
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó la represión de 22 protestas en 9 estados del país durante agosto.
«El Estado venezolano ha intensificado una política de represión, criminalización y persecución que ha alcanzado niveles históricos sin precedentes en el país», afirma el estudio.
Y explica que «estas acciones buscan silenciar a quienes legítimamente exigen el respeto a sus derechos y respuestas claras ante los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio».
En esa línea detalla que «en agosto, se mantuvieron las prácticas de uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza, junto con desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales, todo enmarcado en la llamada ‘Operación Tun Tun‘».
Y recalca que «estas medidas afectaron especialmente a las zonas empobrecidas, donde se registró la mayor cantidad de protestas postelectorales».
«La persecución, intimidación, criminalización y judicialización de líderes politícos y sociales, así como de periodistas, manifestantes, testigos electorales y defensores de derechos humanos, fue una constante a lo largo del mes», asevera.
Y hace hincapié en que «es particularmente preocupante la detención de manifestantes tras participar en protestas pacíficas de oposición».
Agrega que «un aspecto relevante es que muchas de las manifestaciones convocadas a través de redes sociales no se llevaron a cabo en los lugares previstos, debido a la fuerte presencia policial y militar, sobre todo en los días de movilización convocados por partidos opositores».
«De acuerdo con información oficial, más de 2.400 personas fueron detenidas, entre ellas más de 100 niños y adolescentes, así como 200 mujeres», puntualiza
Y añade que «a la mayoría se les imputaron delitos graves, como traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir y terrorismo, con penas que podrían alcanzar hasta los 30 años de prisión».
«Los familiares de los detenidos denunciaron la violación de garantías judiciales, señalando que se les negó el acceso a defensores privados, imponiéndoseles en su lugar defensores públicos», subraya.
