El régimen de Daniel Ortega le retiró la la nacionalidad y exigió confiscarles las propiedades a 94 nicaragüenses por considerarlos «traidores a la patria».
Entre las personas a las que se les aplicó esta resolución se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el obispo católico Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, los dos exiliados en Miami, Estados Unidos; la líder rural, Francisca Ramírez; el exembajador ante la OEA y opositor al gobierno nicaragüense, Arturo McFields; el excanciller,Norman Caldera y el exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, quien se fue de Nicaragua luego de las manifestaciones sociales de 2018. Además, de una gran cantidad de periodistas y referentes de los derechos humanos.
La medida comunicada por el juez, Ernesto Rodríguez Mejía del Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Managua, determinó que estos individuos son «prófugos de la Justicia» por lo que sostuvo que no podrán ejercer ni ocupar cargos públicos como tampoco presentarse a elecciones de «forma perpetua».
Los delitos que el gobierno de Ortega les imputa a estas personas son: «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas». En lo que respecta a la confiscación de los inmuebles, la disposición indica que consiste en la «inmovilización y decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades».
