A fines de febrero se cumplirá un año del inicio de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, a la que Moscú llama “operación militar especial”.
Kiev acusa al Gobierno ruso de querer quedarse con parte de su territorio (particularmente cuatro regiones que representan un 15% del país), mientras que Rusia asegura que busca protegerse de una avanzada de la OTAN hacia sus fronteras, además de presuntas actitudes “nazis” de Ucrania hacia los rusos que viven en estas zonas.
Pero lo cierto es que esta guerra en Europa oriental tiene un alto costo humano. No hay acuerdo tampoco sobre el número de víctimas fatales: el Departamento de Estado de los EEUU calcula que murieron unos 100.000 soldados rusos, unos 100.000 ucranianos y unos 40.000 civiles, sumando un total de 240.000.
Los desplazados, en tanto, se cuentan por millones. De hecho, Kiev acusa a Moscú de ejercer una deportación a gran escala, mientras que el Kremlin se defiende afirmando que no son deportados, sino refugiados los ucranianos que están actualmente en su territorio.
En ese sentido, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que haga más por sus conciudadanos y verifique el estado de estas personas. “Ninguna organización internacional ha encontrado aún la fuerza para acceder a los lugares de detención de nuestros presos en Rusia. Esto debe corregirse«, sostuvo.
Según el Gobierno estadounidense, Rusia habría deportado de manera forzosa a entre 900.000 y 1,6 millones de ciudadanos ucranianos, incluidos 260.000 niños. Pero los números aportados por Rusia son aún más aterradores: el Ministerio de Emergencias informó que desde febrero de 2022 los refugiados son 4,8 millones, incluyendo a 712.000 niños.
