Mientras avanza el juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el mandatario advirtió que si avanzan en un intento de destitución o censura, disolverá la Asamblea Nacional y llamará a elecciones, herramienta conocida como “muerte cruzada” y que habilita la Constitución.
Sin embargo, legisladores opositores le advierten a Lasso que esa decisión resultaría “inconstitucional”, debido al momento en el que se tomaría.
En efecto, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, afirmó: “Más allá de ilegal, sería inconstitucional porque no se está aplicando expresamente lo que dice la norma constitucional. ¿Por qué no lo ha hecho hace seis meses o hace un año? ¿Por qué esperar el último día para ver si hay o no los votos?”.
Y agregó: “La alternativa en este momento es que se procese el juicio político y que se llegue a su resolución en el momento correspondiente”.
El mes pasado, la Corte Constitucional habilitó el llamado a audiencias para el juicio político solicitado por un grupo de legisladores del correísmo, pero que logró un amplio apoyo en medio de una fuerte crisis económica, política, social y de seguridad.
Lasso es acusado de peculado, por presuntas maniobras de malversación en el transporte de petróleo crudo entre una empresa del Estado y una privada. Los denunciantes aseguran que cuentan con sobradas pruebas de que el mandatario fue advertido en reiteradas oportunidades sobre las maniobras y que, en vez de actual, le dio continuidad a esos contratos, separando del cargo a quienes lo denunciaron.
Pero, para lograr la censura o destitución en una eventual votación final, la oposición necesita 92 de los 137 escaños disponibles en la Asamblea, cifra elevada pero que aseguran estar alcanzando.
Las palabras de Saquicela refieren al espíritu de la norma constitucional. La “muerete cruzada” se incluyó en la Carta Magna para salir de encrucijadas que frenan al país en caso de que el Legislativo esté bloqueando al Ejecutivo. En ese caso, el presidente resigna su mandato y convoca a comicios, tanto para su cargo como para todas las bancas, y así devuelve el poder al pueblo para garantizar la gobernabilidad en base a principios democráticos.
En cambio, sostiene el legislador, la intención de Lasso no es desbloquear al Gobierno, sino retenerlo frente a una investigación por corrupción. Por lo tanto, la advertencia de Saquicela reflota una vez más el fantasma de Perú: ante la posibilidad de ser destituido en diciembre pasado, Pedro Castillo intentó disolver el Congreso peruano y terminó destituido y en prisión, ya que no contaba con los votos necesarios para frenar esa embestida, ni tampoco con el suficiente peso en la Justicia. La situación hoy parece similar en el caso de Lasso.
En su defensa, el presidente se defendió este domingo asegurando que los hechos denunciados se produjeron en 2021, antes de que asumiera, y que, por el contrario, él realizó modificaciones al contrato en 2022 para evitar un perjuicio económico. Quienes lo acusan, sostienen que él dio continuidad a esos contratos que ya se denunciaban como irregulares.
También durante el fin de semana, Lasso sufrió problemas de salud que requirieron de una atención inmediata, aunque no se dieron detalles. La oficina de prensa informó este martes que se encuentra en buen estado y que en 72 horas recibiría el alta.
