Entre 30 y 40 millones de inquilinos están en riesgo de ser desalojados a partir del 1 de febrero en Estados Unidos si el presidente electo, Joe Biden, no emite en sus primeros días de gestión un decreto que frene esta situación que afecta principalmente a las minorías y que se agravó por la pandemia, alertó una ONG que trabaja por el derecho a la vivienda.
Biden prometió que esta semana extenderá «restricciones nacionales a los desalojos y cierres» y calculó que en todo el país «alrededor de 14 millones de estadounidenses se atrasaron con el alquiler y pronto podría enfrentar el riesgo de un desalojo», según tuiteó.
El año pasado, como parte de la gestión de la pandemia, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) dictaminó hasta fin del 2020 una moratoria que suspendió los desalojos, una forma de mitigar los contagios y atender al impacto económico de aquellos golpeados por la pérdida de empleo, caída de ingresos o la reducción de sus horas laborales.
El Congreso logró extender un mes más esa moratoria como parte de un paquete de estímulo económico más grande y, a partir del próximo miércoles, será el turno del nuevo Gobierno para afrontar la cuestión.
«Estamos comunicados con el Gobierno entrante para asegurarnos que, como una de sus primeras acciones, emita un decreto para extender la moratoria de desalojo hasta el final de la pandemia», indicó Paul Kealey, director de operaciones de la organización National Low Income Housing Coalition (Nlihc).
La ONG, que trabaja para ponerle fin a la falta de viviendas accesibles en Estados Unidos, indicó que más de 1.600 organizaciones y dirigentes firmaron una carta enviada al nuevo Gobierno para atender esta urgencia de una enorme magnitud.
«En diciembre de 2020 casi uno de cada cinco inquilinos estaba atrasado en su alquiler; los expertos estiman que estos hogares ya deben entre 34.000 millones y 70.000 millones de dólares y hay entre 30 y 40 millones de inquilinos en riesgo de perder sus hogares», cuantificó Kealey.
«Las personas de color se ven afectadas de manera desproporcionada. Según la Encuesta del Pulso de los Hogares realizada a fines de noviembre y principios de diciembre, más del 29% de los inquilinos negros y el 26% de los inquilinos latinos estaban atrasados en el pago del alquiler, en comparación con el 14% de los blancos», destacó.
«Solo el 29% de los inquilinos negros y latinos confiaban en poder pagar el alquiler del próximo mes a tiempo, en comparación con más de la mitad (54%) de los inquilinos blancos», añadió.
A largo plazo, la coalición indicó que se debe terminar con «la grave escasez de viviendas asequibles para las personas de ingresos más bajos» e instó a que el Gobierno federal invierta en la construcción de nuevas casas y en la reparación de las ya existentes y que no son habitables.
«Incluso antes de la pandemia había una escasez de más de siete millones de viviendas para alquiler que sean asequibles y disponibles para las personas con los ingresos más bajos», aseguró el director de operaciones de Nlihc.
«En el país más rico del mundo, solo una de cada cuatro personas con ingresos elegibles para la asistencia de alquiler federal la recibe. El resto debe valerse por sí mismo en el mercado de alquiler privado que nunca construirá ni administrará viviendas accesibles para individuos y familias de ingresos bajos», concluyó.
