En el plan de deportaciones masivas del presidente de EEUU, Donald Trump, Venezuela se ubica como un objetivo central. La extensión del Estatuto de Protección Temporal (TPS) que les permite a los venezolanos vivir y trabajar en territorio norteamericano vence el 7 de abril. Además, el régimen de Nicolás Maduro ya recibió en Caracas a 190 venezolanos deportados de EEUU.
En ese contexto de miedo e incertidumbre, hay una herramienta que podría salvar a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Se trata de La Ley de Ajuste Venezolano, cuyo objetivo es brindarle la residencia permanente a quienes han escapado de la dictadura del chavismo.
De esta manera, obtendrían la green card aquellos que están en EEUU desde antes del 31 de diciembre de 2021.
No obstante, en la actualidad esta normativa no está vigente y por eso, se busca que el Congreso la apruebe.
Este proyecto de ley se presentó dos veces en el Congreso, la última en 2023.
Ya existe una ley similar: la ley de ajuste cubano, que está vigente y permite a los cubanos en EE. UU. adquirir la residencia permanente legal luego de haber vivido en el país por un año.
Pero tiene dos diferencias fundamentales: la Ley de Ajuste Cubano permite a cualquier persona de origen cubano que ingrese de forma regular a Estados Unidos, incluso por vía aérea, adquirir la residencia permanente mientras que el proyecto venezolano es únicamente para quienes ya estaban en EEUU antes del 31 de diciembre de 2021.
La segunda es que la Ley de Ajuste Cubano brinda ciertas ayudas mientras que la iniciativa venezolana no cuenta con esos beneficios.
¿A CUÁNTOS VENEZOLANOS BENEFICIARÍA ESTA LEY?
Si se aprueba la normativa, cerca de 400.000 venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2021 podrían obtener su residencia permanente.
¿QUIÉNES PUEDEN APLICAR?
Las personas que quieran aplicar a la Ley de Ajuste Venezolano deben demostrar haber vivido en Estados Unidos de forma ininterrumpida durante un año antes de pedir el beneficio migratorio, y cuentan con plazo de tres años para solicitarlo.
Esta iniciativa no incluye a quienes tengan antecedentes penales o expedientes migratorios desfavorables.
