Por Gabriel Michi
Parece una postal del pasado. Anacrónica. E inhumana. Falta de toda racionalidad. E inspirada en un simple instinto de venganza. Pese a que sea el Estado el que la implemente. Institucionalmente, aunque parezca una paradoja. Esa pulsión mortal, sin embargo, ni siquiera se traduce en un descenso de los delitos. Ni siquiera eso, algo que tampoco lo justificaría en una sociedad moderna. La pena de muerte no sólo está aún vigente en casi el 42,5% (unos 83 países) de las naciones del Mundo, sino que en 2023 volvieron a subir la cantidad de ejecuciones, superando las estadísticas de los últimos 8 años.
Un informe de Amnistía Internacional señala que el año pasado hubo un total de 1.153 ejecuciones —cifra que no incluye los miles que se cree que se realizaron en China, ya que ese país no brinda información—, «lo que representa un aumento de más del 30% en relación con 2022».
El país que encabezó la lista fue Irán, donde se habrían registrado más de 800 ejecuciones. Según Amnistía, esta es la cifra más alta documentada desde 2015, cuando se conoció la ejecución de 1.634 personas. En semejante cuadro dramático hay sólo una buena noticia: el número de países que llevaron a cabo ejecuciones fue el más bajo de la historia, por lo menos de lo que tiene en sus registros esta ONG especializada en los Derechos Humanos. En la actualidad, de 195 países en el planeta, 112 han abolido por completo y explícitamente la pena capital y 144 lo han hecho en la práctica. En 2023, en Irán hubo ejecuciones de mujeres (24), como también en Arabia Saudí (6), y Singapur (1), algo en lo que no se descarta también haya incurrido también China.
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Con respecto al crecimiento de la aplicación de la pena capital, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, explicó: “El gigantesco repunte de las ejecuciones documentadas se debió principalmente a Irán. Las autoridades de este país mostraron un total desprecio por la vida humana y aumentaron las ejecuciones por delitos de drogas, lo que puso aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas de Irán”.
De hecho, el país persa representó el 74% de las ejecuciones registradas en todo el planeta, volviendo a hacer la salvedad de la falta de información de lo que ocurre en China donde se supone que la cifra podría ser mucho mayor. La ausencia de datos también existe en Corea del Norte y Vietnam, donde también se supone que hay numerosas ejecuciones de este tipo.
Para los especialistas, el régimen iraní intensificó el uso de la pena de muerte para infundir temor en la población y aumentar su control sobre el poder, llevando a cabo ejecuciones en todo el país. Quizás eso tenga que ver con las enormes protestas y masivas detenciones llevadas a cabo por las autoridades ante el enojo colectivo por la muerte de la joven Mahsa Amini, quien había sido llevada tras las rejas por la «Policía de la Moral» por no llevar bien colocado el velo. Ese clima de indignación se extendió por gran parte del territorio iraní cuyas autoridades respondieron con mano de hierro. Lo concreto es que 2023, fueron ejecutadas al menos 853 personas en Irán, lo que representa un aumento del 48% respecto de las 576 de 2022.
Según Amnistía Internacional, «de las ejecuciones registradas en Irán, al menos 545 fueron llevadas a cabo de forma ilegítima por actos que no deberían conllevar la pena de muerte según el derecho internacional, como los delitos de drogas, el robo y el espionaje. Las ejecuciones por delitos de drogas aumentaron y constituyeron el 56% de las ejecuciones registradas en 2023, lo que representa un aumento del 89% en relación con las 255 ejecuciones registradas en 2022».
Los cinco países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones en 2023 fueron China, Irán, Arabia Saudí, Estados Unidos y Somalia. Dentro de las muertes por la pena capital registradas las estadísticas demuestran que después de Irán (con el 74% del total de ejecuciones), siguieron Arabia Saudí, con el 15%, y Somalia y Estados Unidos. Un dato para tener en cuenta: en ese mapeo se nota que la pena de muerte excede cualquier diferenciación ideológica y hasta religiosa. Porque se sigue aplicando en naciones tan enfrentadas como China y EE.UU. o Irán y Arabia Saudí, sólo para mencionar un par de ejemplos de países que son «enemigos» o «adversarios» y que aseguran representar la antípoda de los valores del que está enfrente.
Además, durante el 2023 el número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo en 2023 aumentó un 20%, elevando el total a 2.428. Eso significa un número creciente de prisioneros que se suman a los distintos «corredores de la muerte» a la espera de su final. El año pasado, Amnistía Internacional registró nuevas condenas a muerte en 52 países, la misma cifra que en 2022. «No hay información sobre la imposición de condenas a muerte por los tribunales de cinco países -Bahréin, Comoras, Sudán, Sudán del Sur y Zambia—, que sí las dictaron en 2022. En otros cinco países -Bielorrusia, Camerún, Japón, Marruecos y el Sáhara Occidental y Zimbabue— se sabe de la imposición de la pena de muerte en 2023 tras un paréntesis».
Lo que sí descendió es la cantidad de países en los que se dieron ejecuciones: bajó a 16, el menor registrado en la Historia. A diferencia de 2022, el año pasado no hubo casos de muertes por la pena capital en Bielorrusia, Japón, Myanmar y Sudán del Sur.
EL PARTICULAR CASO DE EE.UU.
El caso de los Estados Unidos no deja de sorprender ya que pese a la enorme resistencia y rechazo a este tipo de condenas letales. las ejecuciones aumentaron de 18 a 24, de 2022 a 2023. Amnistía Internacional exigió que «el presidente Joe Biden debe dejar de aplazar el cumplimiento de su promesa de abolir la pena de muerte federal».
En EE.UU. hubo 24 ejecuciones en 5 Estados: Texas (8), Florida (6), Misuri (4), Oklahoma (4) y Alabama (2), siendo el único país en todo el continente americano en haber utilizado ese recurso. También se registraron 25 condenas a muerte en 10 jurisdicciones: Florida (5), Alabama (4), California (4), Texas (3), Arizona (3), Carolina del Norte (2), Ohio (1), Pensilvania (1), Luisiana (1) y Gobierno federal (1). EE.UU., Guyana (7) y Trinidad y Tobago (3) fueron las únicos tres Estados en toda América donde hubo sentencias letales. Vale aclarar que en el continente hay otros nueve Estados nacionales que siguen conservando la pena de muerte para delitos comunes como el asesinato — Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Guatemala, Jamaica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía— pero en ellos no hubo ninguna persona condenada a muerte ni se impusieron nuevas penas capitales.
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En tanto, en EE.UU. las personas que constaban como condenadas a muerte a finales de 2023 eran 2.198, incluidas 46 mujeres, en 28 jurisdicciones. En 7 Estados había más de 100 personas condenadas a muerte: California (651), Florida (279), Texas (179), Alabama (165), Carolina del Norte (138), Ohio (122) y Arizona (111). Según AI, «una minoría de Estados de Estados Unidos que recurren a la pena de muerte siguieron yendo en contra de las tendencias de la región de las América en 2023, que, por lo demás, continuó en gran medida sin aplicar la pena de muerte.
Pese al aumento del uso de esta pena en Estados Unidos, el número de condenas y ejecuciones siguió estando acorde con las cifras históricamente bajas de los últimos diez años». Todas las ejecuciones registradas en 2023 en ese país fueron llevadas a cabo mediante inyección letal, método que acabó con la vida de 23 hombres y una mujer transgénero.
Según Amnistía, al finalizar 2023, 23 Estados de EE.UU. habían abolido esta pena para todos los delitos, 11 de ellos desde que comenzó el milenio . De los 27 restantes, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Montana, Nevada, Oregón, Pensilvania, Utah y Wyoming (14, es decir, el 52% de todos los Estados que mantenían la pena de muerte en su legislación) «no habían llevado a cabo ejecuciones en al menos 10 años, y California, Oregón y Pensilvania seguían aplicando moratorias de las ejecuciones decretadas por sus respectivos gobernadores». Y continúa el informe, «a nivel federal, las autoridades militares estadounidenses no llevaban a cabo ejecuciones desde 1961; el gobierno de Biden mantuvo la moratoria de las ejecuciones de personas condenadas en virtud de las leyes de pena de muerte federales de carácter ordinario que había aprobado en julio de 2021. Durante el gobierno anterior bajo el mandato de Donald Trump se habían reanudado las ejecuciones: entre julio de 2020 y enero de 2021 se hicieron efectivas 13 condenas muerte tras un paréntesis de 17 años».
RESTO DEL MUNDO
En tanto, según la ONG, se registró un aumento del uso de la pena de muerte en la región de Oriente Medio y Norte de África en 2023. «Las ejecuciones documentadas aumentaron un 30%, de 825 en 2022 a 1.073 en 2023. El número de condenas a muerte registradas descendió de 827 en 2022 a 950 en 2023». Hubo países que llevaron a cabo ejecuciones en la región en 2023: Arabia Saudí, Egipto, Irán, Irak, Kuwait, Palestina, Siria y Yemen. AI documentó la imposición de la pena de muerte en todos los países de la región excepto en Bahréin, Israel y Omán.
Irán, Arabia Saudí e Irak fueron los tres países que más ejecuciones llevaron a cabo en la región en 2023, siendo responsables del 97% de todas las que se registraron en ella: Irán (80%), Arabia Saudí (16%) e Irak (1%). En este último caso impactó mucho la decisión de las autoridades cuando en diciembre, sin previo aviso, ordenó la ejecución masiva de 13 personas en la Prisión Central de Nasiriya con la que se reanudaron las ejecuciones masivas en el país.
Por su parte, en África subsahariana, hubo un brusco aumento en el uso de la pena de muerte, donde las ejecuciones se triplicaron con creces y las condenas a muerte registradas se incrementaron de forma significativa (un 66%). En esa región, Somalia fue el único país del que se sabe que llevó a cabo ejecuciones, pero se registraron condenas a muerte en 14 países, dos menos que en 2022.
En tanto, en Asia y Oceanía, Amnistía Internacional alertó sobre la falta de datos de China aunque aseguró que cree que ese país «siguió ejecutando y condenando a muerte a miles de personas, aunque las cifras que podrían aclarar la situación continuaban consideradas secreto de Estado». Y remarcó que la ausencia de datos también alcanza a Corea del Norte y Vietnam, aunque también sospecha que allí se dieron. Y, a diferencia de otros años, no se registraron ejecuciones en Japón y Myanmar, países que si las usaron en 2022. En varios países de esa región, delitos vinculados a las drogas se siguieron castigando con la sentencia letal. Por su parte, Malasia derogó la pena de muerte preceptiva para todos los delitos y redujo el ámbito de esta pena; Pakistán abolió la pena de muerte para delitos de drogas; y las autoridades de Sri Lanka reafirmaron su intención de no llevar a cabo ejecuciones.
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En cuanto a Europa y Asia Central, Bielorrusia siguió siendo el único país europeo que hace uso de la pena de muerte y, si bien no tuvo ninguna ejecución en 2023, si registró una condena letal. Por su parte, Rusia y Tayikistán siguieron manteniendo una moratoria de las ejecuciones, mientras que Armenia ratificó y Azerbaiyán firmó el «Protocolo número 13» al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, sostuvo: “Está ampliamente demostrado que la pena de muerte no conduce a ningún resultado positivo. La discriminación y la arbitrariedad inherentes que caracterizan a la pena capital sólo han agravado las violaciones de derechos humanos de nuestros sistemas de justicia penal. Hace años hacemos campaña y seguiremos insistiendo en abolir este castigo de una vez por todas”,
Este año, la pena capital será nuevamente llevada a la discusión de la Asamblea General de la ONU. Frente a eso, Amnistía Internacional instó «a todos los gobiernos a que apoyen el llamamiento de la ONU para poner fin al uso de la pena de muerte en una demostración vital de compromiso con los Derechos Humanos». Algo que lamentablemente, pese a los avances de los últimos años, parece muy difícil de alcanzar. Más cuando en los papeles haya más de un 40% de los países que no lo abolieron y pese a que en términos concretos en 2023 sólo 16 lo hayan llevado a la práctica. Y, que, como una postal del pasado, anacrónica e inhumana, irracional y vengativa, volvió a crecer en el Mundo.
Publicado en cooperación con MundoNews
