En medio de las protestas en Perú, en las que ya se registraron casi 30 muertos producto de la represión, el Congreso unicameral trató este martes el proyecto de la presidenta Dina Boluarte para adelantar las elecciones, y por la noche logró aprobarlo.
Con 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención, los legisladores oficializaron que los comicios presidenciales se realizarán en abril de 2024 y no en 2026, fecha prevista constitucionalmente para el fin del mandato de la mandataria, que debe completar el ciclo de Pedro Castillo, destituido y detenido.
La propuesta de adelantamiento busca apaciguar a la población en un contexto de convulsión social, con las calles de las principales ciudades bloqueadas y varios aeropuertos cerrados, mientras desembarcan en el país distintos organismos de derechos humanos para evaluar el comportamiento del Gobierno en la represión. Entre ellos, llegó una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con este nuevo calendario, Boluarte debería dejar el mandato el 28 de julio de 2024, dos días después de que lo hagan todos los congresistas para que asuman los que resulten electos.
La votación a favor del adelantamiento salvó a los propios legisladores de una reforma más profunda que los afectara. Si no se conseguían los 87 votos necesarios, se debía tratar una propuesta de la minoría que pedía un referéndum para una reforma constitucional, tal como pedía Castillo.
Ya el viernes no se había podido alcanzar el número para anticipar los comicios, porque algunos legisladores planteaban que eso implicaría “una reforma constitucional”. En medio de una acalorada discusión, el presidente del Congreso, el exmilitar José Williams, suspendió la sesión.
El sábado, Boluarte ejerció mayor presión: «El Congreso tiene que reflexionar y actuar de cara a los intereses país. El 83% de la población quiere el adelanto de elecciones».
Mientras tanto, la presidenta anunció que cambiará a su recientemente designado Gabinete para conformar otro con mayor vuelo político, que le permita surfear una crisis social que amenaza con arrastrar a toda la dirigencia. La propia Boluarte había insinuado que no tenía problema en que las elecciones fueran a fines de 2023, pero no encontró apoyo en el arco político.
La gran pregunta es si Castillo podrá o no presentarse en esas elecciones. Hoy se encuentra con una prisión preventiva de 18 meses, lo que pone su fecha de salida (siempre y cuando no haya cambios en el proceso) muy cerca de los comicios.
