Tal como se esperaba, el nuevo Congreso peruano, con todos sus altos cargos en manos de la derecha, puso en marcha una nueva embestida contra el presidente Pedro Castillo, que en apenas poco más de un año de Gobierno debió resistir dos intentos de juicio político.
Tras la asunción de José Williams, un general retirado del partido Avanza País, identificado con la derecha, como presidente de la Cámara, se aguardaba una aceleración de los tiempos para avanzar en la destitución del mandatario. Apenas dos días después se verificó el primer movimiento.
Con 94 de los 130 votos posibles, el Congreso destituyó al ministro de Transporte y Comunicaciones, Geiner Alvarado, hombre clave del armado político de Castillo. El ahora exfuncionario está siendo investigado por presunta corrupción en la concesión de obras públicas.
De hecho, se trata del quinto ministro desplazado por los legisladores en un Gobierno que no ha logrado hacer pie y debió rearmarse cuatro veces en un año, debilitando la posición de Castillo, quien fue invitado a renunciar inclusive a su propio partido de izquierda (algo que finalmente concretó), que también votó la destitución de Alvarado.
El saliente ministro, que enfrenta cuatro investigaciones por corrupción y tráfico de influencias, negó las acusaciones. En tanto, el presidente también está implicado en al menos seis causas, mientras sus familiares son seguidos de cerca por la Justicia: su cuñada está presa preventivamente luego de un intento de fuga; su esposa está procesada; y su sobrino se encuentra prófugo junto con otro exministro. Sin embargo, la ley peruana impide investigar oficialmente a un presidente mientras esté en ejercicio.
