En julio, el Gobierno de Xi Jinping puso en marcha en China una verdadera cruzada contra el espionaje internacional en el país, con la implementación de una polémica ley para prevenir y castigar la inteligencia por parte de extranjeros.
La nueva normativa prohíbe la transferencia de información que pudiera estar relacionada con asuntos de seguridad e intereses nacionales. Sin embargo, no especifica cuáles son, lo que da a las autoridades prácticamente un cheque en blanco para intervenir en actividades privadas.
Esta decisión puso en alerta a Occidente, ya que sus empresas en China podrían correr el riesgo de ser acusadas de espionaje por el simple manejo de datos habituales de su práctica comercial e industrial. En ese sentido, habilita mayores controles sobre los dispositivos, datos y cuentas personales.
Para potenciar estas acciones, ahora el Gobierno chino puso en marcha una masiva campaña de difusión en la que, además, pide a los ciudadanos que colaboren en esa tarea, denunciando presuntas acciones que consideren como espionaje.
Esto incluye la creación de una línea de comunicación directa para para denunciar actividades sospechosas, ofreciendo a cambio diferentes recompensas. Así lo comunicó este martes el propio Ministerio de Seguridad del Estado, a cargo de la supervisión de este programa.
Al respecto, el titular de esa cartera, Chen Yixin, había afirmado en un artículo publicado el mes pasado que la seguridad nacional depende en buena parte de la seguridad del sistema político. “Lo más fundamental es salvaguardar el liderazgo y la posición gobernante del Partido Comunista de China y el sistema socialista con características chinas”, aseguró.
La normativa surge en medio de denuncias internacionales por la fuerte presencia de presuntas oficinas de espionaje de China en una larga lista de países, entre los que se encontraría también la Argentina.
(Con información de Reuters)
