La geopolítica nos recuerda que la posición geografía determina, en gran medida, los asuntos prioritarios en las agendas de política exterior de los estados.
Diversos asuntos como guerras, intervenciones, tránsito de personas, flujo de mercancías y actividades ilegales se intensifican debido a la contigüidad entre países. El caso de la frontera México-Estados Unidos, que se extiende por 3,185 kilómetros, nos da cuenta de esta condición, que además enmarca una relación profundamente compleja y diversificada.
Desde el siglo XIX en que México logró su independencia, la frontera norte les ha representado un reto mayúsculo a los gobiernos mexicanos. En un primer momento el interés nacional se centró en la integridad territorial. Pero tras los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1948, con los que se cedió cerca del 55 por ciento del territorio a Estados Unidos, los temas binacionales fueron incorporando más dimensiones.
Las prioridades han incluido el respeto a la soberanía, el reconocimiento definitivo de los límites fronterizos, el tratamiento y gestión del agua en ambos lados de la frontera. Además, múltiples temas que vulneran la seguridad de ambas naciones: migración, tráfico de armas, drogas y personas. Y a estos se sumó, en el arranque del siglo XXI, el tema del combate al terrorismo.
Hoy esta relación se encuentra en una condición particularmente compleja no solo por la interdependencia asimétrica que la caracteriza, sino por la tensión en diversas áreas. Pocos momentos en la historia entre ambos países habían sido tan inciertos como hoy, resultado de la inconsistencia entre la retórica discursiva y las acciones implementadas.
Pareciera que pocos recuerdan el entusiasmo que generó Joe Biden recién llegado a la Casa Blanca al establecer la iniciativa de una reforma migratoria integral. A través de esta otorgaría la ciudadanía a más de 11 millones de indocumentados que incluía a los dreamers, los beneficiarios del programa DACA, y a quienes gozaran del Estatus de Protección Temporal (TPS).
A casi un año aquella promesa inicial se enfrenta a serios cuestionamientos no solo de la opinión pública, sino de los propios congresistas estadounidenses. Ello ha hecho que la iniciativa se estanque en el Senado toda vez que no ha logrado reunir los votos necesarios para su aprobación. En tanto, en la praxis se evidencian, día tras día, políticas que recrudecen acciones contra los migrantes irregulares que buscan acceder al “sueño americano”.
En días pasados la prensa dio amplia cobertura a la entrada en vigor de una nueva estrategia de seguridad entre México y Estados Unidos. Se le dio el nombre de “Entendimiento Bicentenario”, a través de la cual se busca establecer una alianza que impulse la “cooperación basada en la confianza y el respeto mutuo”.
¿QUÉ ELEMENTOS DE FONDO HAN CAMBIADO?
No obstante, tras el entusiasmo inicial vale la pena preguntarnos qué elementos de fondo han cambiado en ambos países para suponer, de manera realista, que ahora sí se lograrán los objetivos planteados. Entre estos se encuentran proteger a las personas creando comunidades más seguras con mejores servicios de salud que sean sostenibles; hacer frente a los delitos transfronterizos; perseguir las redes criminales a fin de reducir la capacidad de estas organizaciones transnacionales; y prevenir el tráfico de drogas, armas y trata de personas desmantelando sus redes financieras, entre otros.
Estos nobles objetivos poco tienen de originalidad. En lo sustantivo, estos temas han estado presentes de manera continua durante varias décadas. Incluso, corresponden a las metas planteadas en la Iniciativa Mérida, que surgió en 2007 entre Felipe Calderón y George W. Bush. México se retiró apenas llegado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia debido a que no se había alcanzado sus objetivos, confirmándose así su fracaso.
La incertidumbre se hace aún más patente cuando, apenas unos días antes de lanzamiento del programa Entendimiento Bicentenario, un tribunal Federal de apelaciones en Estados Unidos ratificó la decisión de un juez federal en Texas de mantener en vigor el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP). Más conocido como “Quédate en México”, con este programa quienes solicitan asilo en la Unión americana deben esperar la resolución en suelo mexicano. Eso propicia que las autoridades federales o locales sean las responsables de brindar resguardo y sustento a centenares de migrantes no solo mexicanos, sino centroamericanos y procedentes de otros países, incluidos Haití. No olvidemos que recientemente Haití se ha convertido en un factor adicional que agudiza la crisis migratoria en la región.
A casi un año de la llegada del presidente Biden pareciera que la agenda México-Estados Unidos carece de rumbo claro. Paulatinamente se esfuman las esperanzas de una reforma migratoria integral, al tiempo que la agenda oscila entre buenas intenciones y declaraciones conjuntas como la “Cumbre de los tres amigos” y el lanzamiento de programas cuya realización parece dudosa frente a contundentes acciones como la del programa “Quédate en México”, instaurado bajo la administración de Donald Trump y hoy revitalizado.
Es claro que el interés nacional estadounidense sobrepasa al binomio demócratas o republicanos. Es claro que va mucho más allá de las buenas intenciones del inquilino en turno en la Casa Blanca.
Publicado en cooperación con Newsweek México
