El partido oficialista del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus aliados asumieron el martes el control de la Asamblea Nacional, tras unas elecciones cuestionadas por la oposición y gobiernos de países occidentales.
El cambio en el legislativo, que ahora preside el exministro y diputado, Jorge Rodríguez, marca una consolidación de poder para Maduro, quien a inicios de 2019 parecía vulnerable cuando Estados Unidos y decenas países reconocieron al opositor Juan Guaidó como líder legítimo del país.
Desde temprano, los accesos al Palacio Legislativo en el centro de Caracas estuvieron rodeados de oficiales, pocas personas circulando y negocios cerrados. A media mañana, los diputados oficialistas caminaron desde una plaza hacia la sede del congreso, algunos de ellos llevaron cuadros del fallecido presidente Hugo Chávez y del prócer Simón Bolívar.
«No podemos olvidar. Reconciliación sí, pero sin amnesia. Perdón sí, pero sin olvido. Concordia sí, pero hay crímenes que no pueden ser perdonados», dijo el presidente del Parlamento.
Después de la juramentación de la directiva del Congreso, Jorge Rodríguez dio un discurso que se centró en cuestionar al parlamento opositor y las sanciones estadounidenses, y en el que volvió a hacer un llamado al diálogo nacional.
«Estuvieron aquí por cinco años (en alusión a la oposición) quienes vinieron a traicionar la voz de quiénes lo eligieron. No podemos olvidar. Reconciliación sí, pero sin amnesia. Perdón sí, pero sin olvido. Concordia sí, pero hay crímenes que no pueden ser perdonados», dijo el presidente del Parlamento.
«La reconciliación pasa por un gran diálogo nacional. Y de esta Asamblea Nacional saldrá una comisión para ello», agregó Rodríguez. En 2019 hubo una mesa de diálogo, bajo la mediación de Noruega, pero a mediados de ese año los representantes del gobierno venezolano se retiraron del proceso.
La oposición, que dominó el parlamento por cinco años, no participó en las elecciones legislativas de diciembre por considerar que no tenían garantías, y reformó un estatuto de transición para extender su mandato por un año.
A los desafíos de Guaidó se suma la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, prevista para el 20 de enero.
Más temprano, la oposición organizó una sesión virtual, encabezada por Guaidó, donde dijo que «la dictadura apostó que nos íbamos a ir del país y la respuesta es sencilla, aquí estamos, aquí está el Parlamento defendiendo la Constitución».
El líder opositor denunció que en los últimos días algunos miembros de los partidos políticos han sido intimidados.
Estados Unidos apoyó el lunes la ampliación de funciones del congreso opositor. Otras naciones o grupos de países que también respaldan a Guaidó, incluida la Unión Europea, no han declarado claramente si están de acuerdo en que la oposición siga operando bajo una comisión legislativa.
La extensión del mandato ha dividido a la coalición opositora. Varios opositores dijeron que no seguirán como parlamentarios y otros temen persecuciones.
A los desafíos de Guaidó se suma la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, prevista para el 20 de enero, en reemplazo del gobierno de Donald Trump que ha intensificado las sanciones estadounidenses y la presión diplomática para que Maduro abandone el poder.
«Además de dañinas, son inútiles. Métanse sus sanciones por donde les quepan Mike Pompeo, Elliott Abrams, Juan Guaidó», señaló Jorge Rodríguez sobre las medidas de Estados Unidos.
Biden ha calificado a Maduro de dictador y ha dicho que trabajará con otros países para buscar elecciones en Venezuela. Pero desde el oficialismo aspiran que se produzca un cambio.
Biden ha calificado a Maduro de dictador y ha dicho que trabajará con otros países para buscar elecciones en Venezuela.
La instalación del nuevo Parlamento para algunos ciudadanos no tuvo relevancia, en momentos que el país sigue en recesión con altos precios.
El oficialismo, que por 15 años tuvo el control del parlamento, tras su derrota en 2015, limitó las funciones de los legisladores opositores con decretos gubernamentales, una asamblea constituyente y fallos judiciales que llevaron a varios diputados al exilio. La semana pasada el Tribunal Supremo dijo que la reforma del estatuto era inválida.
