El Vaticano iniciará el juicio contra el cardenal italiano Angelo Becciu, echado por el papa Francisco en 2020, por «malversación y abuso de funciones», junto a otras nueve personas y cuatro empresas, en la causa que investiga supuestos fraudes con la compra de un edificio en Londres por casi 200 millones de euros entre otras irregularidades.
Becciu y los otros nueve acusados enfrentan diversos cargos de delitos financieros como malversación, blanqueo de capitales, fraude, extorsión y abuso de funciones, tras más de dos años de investigación a funcionarios laicos y religiosos por supuesta malversación de fondos en la compra y venta de propiedades. Será la primera vez en la historia que un purpurado será juzgado por un delito penal en la Santa Sede.
Uno de los ejes del proceso es un inmueble en el número 60 de Sloane Avenue, en el barrio Chelsea, de Londres, adquirido con fondos reservados mientras Becciu se desempeñó como «número 3» de la Santa Sede y que provocó pérdidas millonarias al fondo de caridad que gestiona el Papa.
«También surgieron elementos contra el cardenal Giovanni Angelo Becciu, contra quien procedemos, como exige la ley, por los delitos de malversación y abuso de funciones también en concurso, así como soborno», informó el Vaticano al anunciar el inicio del juicio.
Becciu, que en septiembre pasado fue removido de su cargo de prefecto de Congregación de las Causas de los Santos y despojado de sus derechos como cardenal por el papa Francisco, dice ser «víctima» y que «se inventó de todo» contra su persona.
Desde la defensa del cardenal plantearon que buscan la declaración de «absoluta inocencia» de Becciu, más allá de que critican los «errores en la acusación» y el «poco tiempo» para la preparación.
En ese marco, fuentes del Tribunal vaticano afirmaron a Télam que, tras las primeras dos audiencias de 27 y 28 de julio, «es muy probable» que el proceso entre en cuarto intermedio hasta después del 20 de septiembre, cuando termina la pausa estiva de la Santa Sede.
Ex sustituto de la Secretaría de Estado y considerado el «número 3» del Vaticano entre 2011 y 2018, Becciu perdió tras su remoción la posibilidad de participar en un eventual cónclave, y por ende de ser Papa a causa de la investigación.
La justicia vaticana busca establecer cómo se decidieron y a quién favorecieron una serie de importantes inversiones, en particular la compra del inmueble en Londres por cerca de 200 millones de euros financiadas con dinero de la colecta de caridad del Papa.
Según el acta de envío a juicio, la investigación mostró «una red de relaciones con los operadores del mercado financiero que generó pérdidas sustanciales para las finanzas del Vaticano, habiendo recurrido también a recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre».
El Vaticano, que busca utilizar el juicio como una muestra del proceso de transparencia iniciado por el Papa, difundió el fin de semana, por primera vez, la lista de sus inmuebles en todo el mundo: 4.051 propiedades en Italia y unas 1.120 en el extranjero, sin incluir sus embajadas en todo el mundo.
En una primera etapa de las investigaciones, tras la denuncia de las autoridades del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el «Banco del Vaticano», habían sido allanadas oficinas de la secretaría de Estado por primera vez en la historia, donde la justicia vaticana incluso secuestró documentos.
Luego fueron suspendidos cinco funcionarios en un episodio que luego derivó también en la dimisión del hasta entonces jefe de seguridad del Papa, Domenico Giani.
Además de Becciu, otras nueve personas fueron enviadas a juicio, entre ellas el extitular de la agencia de información financiera del Vaticano, René Brülhart, acusado de «abuso de poder», y el exfuncionario de la secretaría de Estado, Mauro Carlino, con los cargos de «extorsión y abuso de poder».
También el broker inmobiliario italiano Gianluigi Torzi será juzgado por el Vaticano, acusado de «extorsión, peculado, fraude, apropiación indebida y lavado de dinero».
Entre las personas enviadas a juicio se encuentra también la italiana Cecilia Marogna, acusada de «peculado» tras haber sido investigada por la supuesta malversación de 500.000 euros que Becciu le había otorgado para supuestamente formar una red de diplomacia paralela en la Santa Sede, y que fue primero arrestada y luego puesta en libertad tras ser denunciada a Interpol por la justicia vaticana.
Además de Becciu y los otros imputados, el Vaticano dispuso también el envío a juicio de cuatro firmas: HP Finance LLC; Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., – Prestige Family Office SA, y Sogenel Capital Investment, por delitos de fraude y peculado.
Además del proceso penal en el Vaticano, la secretaría de Estado de la Santa Sede se presentará como parte civil en el proceso, con representación legal de la abogada y ex ministra de Justicia italiana Paola Severino.
Incluso el secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, ya se mostró «pronto para testificar» si es convocado durante el juicio.
