A un mes y medio de las elecciones en Estados Unidos, un registro civil en Arizona pidió a la Justicia que determine si casi 100.000 residentes de dicho estado pueden ejercer su voto luego de detectar en su sistema que no presentaron pruebas de ciudadanía estadounidense, tal como exige la ley estatal.
El conflicto se da el registro civil del condado de Maricopa, el más grande de Arizona.
En las últimas horas se reveló que unos 97.000 ciudadanos estaban registrados en el padrón electoral sin haber entregado una prueba de ciudadanía, algo que es obligatorio desde 2004.
Aunque se trata de un pequeño porcentaje si tenemos en cuenta los 4,1 millones de votantes inscriptos en el estado, la revelación de esta falla y la demanda enviada a la Corte Suprema de Arizona podrían generar una fuerte polémica en un distrito que ha sido propenso a teorías sobre fraude electoral.
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El riesgo de no poder votar en las elecciones parece haber surgido de manera no intencional, debido a una laguna legal generada por modificaciones en el sistema, según las autoridades.
En Arizona, numerosos republicanos, incluidos altos líderes del partido, siguen rechazando los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que Joe Biden superó a Donald Trump por un margen de apenas 10.000 votos.
Dicho error administrativo no afectará la elección entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, ya que ese requisito no es obligatorio en los comicios federales, pero sí podría influir en las elecciones locales y regionales que también tendrán lugar el 5 de noviembre de 2024.
“Mi oficina descubrió una falla que ha estado presente en el sistema estatal durante los últimos 20 años”, afirmó Stephen Richer, quien dirige el registro civil, a los medios. “Estoy demandando para que se aclare la ley y podamos actuar adecuadamente”, agregó el funcionario, que es republicano.
Richer aclaró que estos 97.000 votantes sí podrán participar en la elección presidencial. Además, sostuvo que está colaborando con funcionarios estatales, entre ellos la oficina de la gobernadora Katie Hobbs y la del secretario de estado Adrian Fontes, ambos del Partido Demócrata, “para resolver este problema de cara al futuro”.
