Una cirugía de nariz puso en la mira a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien está siendo investigada por presuntamente abandonar su cargo, lo que podría impulsar un pedido de destitución.
La Fiscalía de la Nación de Perú, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, inició una “investigación preliminar” contra la mandataria, a raíz de una rinoplastia que se realizó en 2023.
En un comunicado, la justicia la acusó de los presuntos delitos de “omisión de actos funcionales” y/o “abandono de cargo”.
Según explicaron, “los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso de la República, del 29 de junio al 9 de julio de 2023, como consecuencia de un procedimiento quirúrgico al que fue sometida”.
Si bien desde hace meses en las redes sociales se habla de que Boluarte, de 62 años, se realizó una rinoplastía, el hecho fue confirmado recién esta semana por el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola.
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En su exposición en una sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría en el Congreso peruano, dijo que estaba en conocimiento de que la mandataria se realizó dicha operación, aunque no los detalles e intentó matizar las consecuencias.
Según él, fue “intervenida en las fosas nasales” por “problemas de respiración”. Y aunque mencionó que se reincorporó al Gobierno después de una semana y media “no hubo ninguna ausencia de poder” porque “el procedimiento quirúrgico no tuvo mayores complicaciones”.
“En este procedimiento quirúrgico como le sucede a cualquier persona no estuvo desatendiendo sus labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui presidente del Consejo de Ministros y ella estuvo en permanente contacto con el suscrito, tuvimos que hacer una reunión virtual del Consejo de Ministros y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública”, aseguró.
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BOLUARTE, EN LA CORNISA DE UNA POSIBLE DESTITUCIÓN
Según señalaron algunos legisladores y constitucionalistas, Boluarte está siendo investigada por dos delitos que son “inconstitucionales”, motivo por el cual se podría impulsar su destitución o vacancia.
De acuerdo al artículo 114 de la Constitución Política del Perú, el Congreso tiene la potestad de declarar la “incapacidad temporal” de la presidenta para ejercer su cargo, y no el Gobierno.
Sin embargo, en este caso apuntan que no se informó debidamente a los legislativos sobre su operación y su posterior reposo, por lo que apuntan que incumplió con lo que establecen las leyes peruanas.
Además, el artículo 115 de la Constitución menciona que ante el impedimento temporal de la Presidenta, su lugar debe ser asumido por el Primer Vicepresidente, el Segundo Vicepresidente o el Presidente del Congreso, según corresponda.
En este caso no hubo precisiones de quién ocupó su rol durante la cirugía. Al respecto, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, rechazó “categóricamente las afirmaciones que señalan que la presidenta ha dejado en algún momento el mando del país” y remarcó que “nunca ha abandonado sus funciones y mucho menos las ha delegado en otras personas”.
