El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este miércoles su ofensiva comercial con el llamado ‘Día de la Liberación’, una nueva ronda de aranceles generalizados que impactará a múltiples países. Con esta medida, la Casa Blanca deja claro que tanto aliados como rivales deberán pagar por lo que el mandatario considera un trato injusto hacia EE.UU.
Entre los principales afectados se encuentra la Unión Europea, que deberá afrontar un 20% de aranceles sobre todos sus productos, combinando un 10% estándar con un 10% adicional.
En Bruselas, la noticia fue recibida con preocupación. Aunque el bloque comunitario insiste en que tiene margen para negociar, también advierte que utilizará “todas las opciones disponibles” para responder. Una de las estrategias que evalúa la Comisión Europea es atacar a las gigantes tecnológicas de EE.UU., como Meta, Apple y Google, aplicando regulaciones más estrictas en el mercado digital. Además, se analizan impuestos selectivos y restricciones comerciales como represalia ante la decisión de Trump.
Desde Uzbekistán, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su descontento: “Sé que muchos de vosotros estáis decepcionados por nuestro aliado más antiguo […] Las consecuencias de lo anunciado serán nefastas para millones de personas en todo el mundo”. Otros líderes europeos también han manifestado su rechazo. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia y una de las dirigentes más cercanas a Trump, calificó la medida como “errónea” y anticipó que Europa deberá “defenderse” si la situación lo requiere.
EL CONTRAATAQUE
Para contrarrestar los aranceles, la UE diseña un plan que contempla represalias comerciales por 26.000 millones de euros, equivalentes al impacto de las tarifas estadounidenses. Este paquete incluiría la reactivación de sanciones aplicadas en 2018 contra productos como el bourbon y marcas automovilísticas como Harley-Davidson. A la vez, en algunas capitales europeas crece la idea de imponer tasas a las empresas de Silicon Valley, una estrategia que, según un informe de Goldman Sachs, sería más efectiva que gravar exportaciones.
Al mismo tiempo, también estudia una respuesta más agresiva a través del Instrumento Anti-Coerción (ACI), un mecanismo diseñado inicialmente para contrarrestar presiones económicas de China.
Este sistema permitiría suspender propiedad intelectual, restringir inversiones extranjeras y dificultar la comercialización de productos en Europa. Sin embargo, la excomisaria de Comercio, Cecilia Malmström, ha señalado que el ACI nunca ha sido utilizado y que su aplicación deberá ser meticulosa para no sentar un precedente peligroso en el comercio global.
