La Justicia de Colombia ordenó hoy la libertad del expresidente Álvaro Uribe, tras permanecer poco más de dos meses con arresto domiciliario por presunto fraude procesal y soborno de testigos, al considerar que la Fiscalía a cargo de la investigación no le realizó la imputación formal de cargos.
La decisión la tomó la jueza 30 de control de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, que no resolvió sobre la cuestión de fondo, sino que permitió que el exmandatario quede en libertad a la espera de que sea imputado y se celebre el juicio en su contra.
La magistrada afirmó en su fallo que “no se concibe la validez de una medida de aseguramiento», esto es el arresto domiciliario en el que Uribe se encuentra desde principios de agosto «sin una previa formulación de imputación”.
«La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud elevada por parte de la defensa, apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en ese orden, y, en consecuencia, se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez”, sostuvo la jueza en la resolución citada por Noticias Caracol.
«Gracias a Dios», reaccionó Uribe, que presidió Colombia entre 2002 y 2010 y luego fue senador entre 2014 hasta agosto de este año, en el que perdió temporalmente su banca por pedido de la Corte Suprema ante el proceso judicial en su contra.
El senador Iván Cepeda, quien es parte, como víctima, en el proceso contra Uribe, aseguró que acata la decisión de la juez 30 de control de garantías, pero dejó claro que apelará la determinación.
«La decisión de la juez 30 no altera mi íntima convicción de respeto por la justicia y de acatamiento a sus decisiones, no obstante, no compartimos esa decisión, por supuesto, y vamos a apelarla», indicó Cepeda.
El senador por el izquierdista Polo Democrático Alternativo, también criticó al fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el proceso contra Uribe.
«Nos parece muy grave que el señor fiscal Gabriel Jaimes haya desarrollado un libreto político en esta actuación. Es evidente su parcialidad y por lo tanto consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso. Vamos a apelar la decisión y a seguir luchando en los estrados judiciales, puesto que también tenemos la íntima convicción de la responsabilidad del exsenador Uribe en los delitos de soborno y fraude procesal», agregó.
En la misma línea, el senador por Colombia Humana y excandidato a presidente en las últimas elecciones, Gustavo Petro, también criticó al fiscal Jaimes, cuya actuación «fue contrario a la de su función constitucional, reemplazó al defensor de Uribe».
«La fiscalía escribe las páginas más negras de su historia. Nunca pudo superar el hecho de ser una institución al que el crimen la permea», agregó Petro.
Por el contrario, los congresistas del uribista Centro Democrático, festejaron la decisión de la jueza Salcedo.
“Le restablece sus derechos, aquellos que sistemáticamente habían sido vulnerados. Él va a tener la oportunidad de mirar a la cara a los colombianos, como siempre lo ha hecho, para probar la verdad, desmentir la infamia con la que han buscado manchar su nombre», dijo el senador Gabriel Velazco.
En la misma líneas, su compañera de bancada, la senadora María del Rosario Guerra, dijo que con la decisión «se hace justicia».
«Se hace justicia para que el presidente Uribe se defienda en libertad. La decisión de la jueza lo que hace es garantizar la libertad y desde ahí que él asuma su defensa. Doy gloria a Dios porque la verdad era injusto que se le hubiera privado estos casi 60 días de la libertad al expresidente Álvaro Uribe», destacó.
El máximo tribunal de Colombia fue el que ordenó el pasado 4 de agosto poner bajo arresto domiciliario al expresidente, en lo que supone la primera vez en la historia del país en la que se impone una medida así a un antiguo jefe de Estado.
Uribe, que tiene abiertos más de 50 procesos judiciales en su contra por diversos delitos, quedó oficialmente detenido el 12 de agosto en arresto domiciliario en su finca de El Ubérrimo.
El caso se remonta a 2012, cuando en un debate parlamentario el senador Cepeda relacionó a Uribe con el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia y el auge del narcotráfico en el país.
Ante esas acusaciones, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por el presunto uso de falsos testigos y lo inculpó de buscar a exparamilitares en las cárceles y convencerlos para que declararan en su contra.
Sin embargo, el entonces magistrado auxiliar de la Sala Penal de Colombia, José Luis Barceló, decidió archivar en febrero de 2018 la denuncia y consideró que había elementos para abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos contra Cepeda.
Al día siguiente de que se ordenara su prisión domiciliaria, Uribe dio positivo de coronavirus, enfermedad de la que se curó, y se declaró listo para ira “hasta la cárcel” para defender “la libertad de Colombia”.
El actual mandatario colombiano, Iván Duque, defendió a Uribe y afirmó que es y será «siempre» un «creyente de la inocencia y honorabilidad» del expresidente.
