Tras el fracaso de una primera instancia de diálogo, el Gobierno de Gabriel Boric militarizó el sur de Chile ante los reiterados ataques y desafíos por parte de diversos grupos extremo autodenominados mapuches. Pero por el momento esos esfuerzos por tomar el control de la situación han resultado inútiles.
En las últimas semanas se vienen multiplicando los ataques, especialmente a través de incendios de distintos objetivos, a los que sigue una reivindicación a través de panfletos dejados en la zona. Y una de las agrupaciones más radicales es la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), liderada por Héctor Llaitul (la más extrema es la conocida como RAM).
Este martes, en la región de Biobío, la CAM reivindicó un ataque contra la empresa forestal Antumapu, instalada en el sector Horcones, de la comuna de Arauco. Allí amenazaron a un guardia de seguridad, robaron maderas y luego incendiaron las maquinarias, los camiones, un auto particular y las edificaciones, según el relato de Radio Bio Bio.
Como parte de su habitual modalidad, lanzaron panfletos en los que se adjudican el atentado, en reclamo de la liberación de mapuches presos en las localidades de Angol y Lebu, y en represalia por la muerte del comunero Jordan Llempi, presuntamente asesinado de un disparo por parte de miembros de la Armada chilena.
En paralelo, se registraron otros ataques. Uno de ellos fue en San José de Colico, en Curanilahue; y otro, en Salto Rayén, que conecta Contulmo y Purén.
Se trata de una verdadera escalada que pone a la gestión de Boric en una encrucijada: durante su campaña, había prometido no militarizar la zona, pero poco después debió hacerlo ante el avance de los atentados contra edificios y personal gubernamental y empresarial. Hace algunos días, había anticipado el fin del estado de excepción para esta semana, pero ahora esa medida también está en duda.
“ROBO” O “RECUPERACIÓN”
La CAM había justificado los ataques contra las madereras la semana pasada. Su referente, Llaitul, explicó entonces que no se trataba de robo de madera, tal como venían denunciando las empresas, sino de “recuperación” de la materia prima que las “mafias” extraen “ilegalmente” de las tierras que ellos reivindican por derecho ancestral.
«Afirmamos categóricamente que esto no puede concebirse como robo de madera, ya que es recuperación y reapropiación de recursos que están en nuestro territorio ancestral», aseguró a medios locales.
Y, en ese sentido, agregó: «La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros (armas), y para tener los tiros, y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante».
Justamente estas declaraciones son tomadas por el Gobierno como una prueba adicional que refuerza su querella contra Llaitul, presentada el 27 de julio, por el robo de madera para financiar las operaciones de los grupos extremos. “Nosotros hicimos las acciones y esperamos que el Ministerio Público pueda investigar y hacer lo que corresponde para esto, pero creo que esta no es una información nueva para nadie, y creo que todos estábamos consientes que el robo de madera era una de las fuentes de financiamiento de las bandas organizadas que operan en la zona«, sostuvo la ministra del Interior, Izkia Siches, en el marco de los debates para tipificar el robo de madera como delito.
EL CAMINO DEL DIÁLOGO
Como se señalaba, Boric cree que la decisión de militarizar la zona no debe ser permanente, sino coyuntural, mientras se avanza en una agenda de diálogo que, por el momento, parece paralizada.
Al cierre de la semana pasada, el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, defendió la idea de levantar el estado de excepción, a pesar de las críticas de los gobiernos regionales y municipales del sur. “Nos parece que es el único camino que permite la convivencia pacífica de manera sostenible en el tiempo”, sostuvo.
“La arista de seguridad no es la que va a encontrar la solución al conflicto en la Macrozona Sur. El presidente lo ha dicho: conflictos de esta envergadura, de este carácter histórico, requieren de acuerdos políticos y la ministra del Interior (Izkia Siches) anunció un proceso de diálogo acompañado por las Naciones Unidas”, agregó.
Pero aún así reconoció que la situación es preocupante. Según sus propios datos, en el último semestre de 2021 se registraron 30 hechos de violencia rural en la región de Los Ríos; en lo que va de 2022, se verificaron 36.
