En Venezuela, según el último reporte de la ONG Foro Penal con fecha del 23 de diciembre, hay 1.849 presos políticos, de los cuales 1.628 son hombres y 221, mujeres. Además, 1.687 son civiles. Ante, «el mayor número de presos con fines políticos conocido» en el país dominado por Nicolás Maduro, otra organización, Provea elaboró un informe en el que advirtió sobre las condiciones carcelarias en las que se encuentran los reclusos.
El texto puso el foco en «el exponencial sufrimiento que tienen por las duras e inhumanas condiciones de encarcelamiento a que están sometidos», debido a que «los presos políticos no solo son víctimas de un sistema policial opresivo y de un sistema judicial injusto, sino también de un sistema carcelario inhumano».
«Las condiciones de detención descritas en este informe revelan una violación sistemática de derechos fundamentales de los presos políticos en Venezuela, tales como el derecho a la vida, a una alimentación adecuada, al acceso al agua potable, a la salud y a condiciones dignas de alojamiento e higiene», afirmó.
Y precisó que «los presos son víctimas de torturas, alimentos descompuestos, agua contaminada, condiciones inhumanas, familiares bajo humillaciones y malos tratos en cárceles Venezuela como Rodeo I, Tocuyito, Tocorón, Yare III».
Indicó que «estos derechos, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las normas subsidiarias y en los tratados internacionales ratificados por la República, no están siendo respetados ni garantizados.
Frente a ese panorama, aseveró que «las muertes bajo custodia del Estado son un recordatorio trágico de estas condiciones extremas y de las violaciones de derechos humanos que enfrentan los presos políticos».
Y advirtió que «estas pérdidas violan las ‘Reglas Mandela’ de las Naciones Unidas, profundizando la desconfianza en los sistemas judicial y penitenciario venezolanos».
«Además, estas muertes generan un dolor y sufrimiento indescriptible no solo en las familias de los fallecidos, sino también en todos los familiares de los presos políticos, quienes viven con el constante temor de que sus seres queridos, sometidos a injustos encarcelamientos y a condiciones carcelarias inhumanas, puedan enfrentarse a la misma suerte», recalcó.
Y detalló que «la documentación de torturas físicas y psicológicas, el uso de aislamiento prolongado y la negación de contacto con familiares o abogados constituyen actos de denegación del debido proceso y muestran el uso consuetudinario de la tortura, física y psicológica, en abierta oposición a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico».
«Los tratos crueles, degradantes y humillantes a los familiares durante las visitas constituyen una violación a los derechos humanos garantizados en la CRBV y en los tratados internacionales suscritos por Venezuela», aseguró.
Y alertó que «además, generan daños psicológicos en los familiares y se constituye en una forma de tortura».
A todo eso hay que sumarle «la ausencia de mecanismos efectivos para el derecho a la defensa, la presentación de observaciones y la falta de respuesta a las denuncias de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos reflejan una política de opacidad y desinterés en garantizar condiciones mínimas para los detenidos.
Y también «la sobrecarga emocional, económica y logística impuesta a los familiares, quienes deben suministrar alimentos, agua potable y medicamentos a los detenidos, agrava el impacto de las condiciones de reclusión en las familias, perpetuando los ciclos de sufrimiento y vulnerabilidad».
«Además, la mayoría de los privados de libertad, fueron trasladados a centros de reclusión lejanos a sus hogares, lo cual agudiza las condiciones de pobreza de las familias», subrayó.
Y agregó que «la falta de acceso a programas de desarrollo personal, educación, deporte y bienestar mental, en todos los centros de reclusión, perpetúa el trato deshumanizante contra los presos políticos y socava su salud física y mental«.
«Las condiciones documentadas son el resultado de políticas sistemáticas de represión, negligencia estatal, ausencia de controles efectivos sobre el sistema penitenciario y una forma de profundizar el terrorismo de Estado, en abierta violación del marco legal venezolano y de los convenios internacionales sobre la materia», afirmó.
Y advirtió que «la continuidad de estas condiciones representa no solo un peligro para la vida de los presos políticos, sino también una amenaza para los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos en Venezuela».
Es por eso que resulta «imperativo que las autoridades venezolanas adopten medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre las condiciones de reclusión y el trato a personas privadas de libertad».
CONTEXTO
En línea con lo manifestado por Foro Penal, Provea aseguró que «en los últimos cinco meses de 2024, en Venezuela se ha sufrido una represión estatal sin precedentes en la historia» y recordó que «el gobierno respondió ( a las protestas luego de las elecciones del 28 de julio) con una actuación policial y militar en forma de razzia, de manera violenta, arbitraria e ilegal utilizando tanto efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado como grupos armados no oficiales, llamados ‘colectivos'».
«En solo 16 días se registraron un promedio de 150 detenciones diarias, superando considerablemente la represión estatal de los tiempos de movilización de los años 2014, 2017 y 2019, e incluso las jornadas de protesta realizadas recientemente en Nicaragua», remarcó.
Y agregó que también «significó el doble de detenidos-desaparecidos por día en comparación con el Chile posterior al golpe de Estado de Pinochet».
«Cerca de 2.200 personas fueron detenidas de manera arbitraria, de acuerdo con las cifras oficiales, que se sumaron a los más de 300 presos políticos que ya había en Venezuela previo al evento electoral señalado», precisó.
Y explicó que «las cifras de detenciones arbitrarias en el contexto postelectoral ocasionaron una crisis en las condiciones de reclusión que ya venían siendo precarias, destinando para la reclusión de los nuevos presos políticos centros carcelarios usados tradicionalmente para presos comunes».
Hambre, insalubridad, muerte.
Comité de Familiares Presos Políticos @CLIPPVE alerta en nuevo informe que los presos son víctimas de torturas, alimentos descompuestos, agua contaminada, condiciones inhumanas, familiares bajo humillaciones y malos tratos en cárceles #Venezuela… pic.twitter.com/18kNN4HJHv
— PROVEA (@_Provea) December 30, 2024
