La Corte Suprema de Brasil ya analiza si el expresidente Jair Bolsonaro debe ser juzgado por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.
La sesión, que inició en la mañana de este martes, se centra en determinar si existen pruebas suficientes para avanzar con un proceso penal que podría llevar al exmandatario a enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión.
Dicha denuncia, presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), señaló la existencia de un «núcleo central» que habría intentado frenar la transición democrática en Brasil. Ese grupo, según la acusación, buscó imponer un estado de excepción con respaldo militar. Incluso, la investigación reveló que hubo conversaciones sobre posibles atentados contra Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, quien ahora integra la sala que decide el futuro del caso.
Además de Bolsonaro, la denuncia alcanza a otros siete ex funcionarios de alto rango, entre ellos el diputado Alexandre Ramagem, el ex comandante naval Almir Garnier, y los ex ministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto. A todos ellos se los acusa de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de integrar una organización criminal armada.
Mientras tanto, las defensas rechazaron las acusaciones y apuntaron contra aspectos técnicos del proceso, como la participación de jueces señalados por su cercanía con Lula. En el entorno de Bolsonaro, la estrategia comunicacional generó diferencias: algunos asesores cuestionaron su decisión de grabar un pódcast junto al gobernador Tarcísio de Freitas, en vez de concentrarse en preparar sus declaraciones. El ex presidente regresó esa noche a Brasilia y planeaba seguir la sesión desde la casa del diputado Luciano Zucco.
En recientes declaraciones, Bolsonaro volvió a insistir en que es víctima de una «persecución política». “Soy inocente”, afirmó en una entrevista, en la que también expresó temor por su seguridad en caso de ser encarcelado: “No tengo duda de que en 30 días, como máximo, me matan”.
Ya fue inhabilitado hasta 2030 por el Tribunal Electoral por atacar el sistema de votación, pero insiste en que podrá ser candidato en 2026. La decisión de la Corte Suprema, que podría conocerse entre este martes y el miércoles, definirá si él y los otros acusados enfrentan finalmente un juicio penal por los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes invadieron los edificios de los tres poderes en Brasilia.
