La organización Human Rights Watch denunció este lunes un «plan» del gobierno de Cuba para impedir manifestaciones, castigar a quienes participen e «infundir temor», para evitar nuevas protestas contra el régimen, en un informe donde documenta 155 casos de abusos a raíz de las protestas de hace un año.
El informe “Prisión o Exilio” analiza las consecuencias de las masivas manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021 en la isla para protestar contra las violaciones a los derechos humanos denunciadas.
“El gobierno cubano cometió violaciones sistemáticas de los derechos humanos en respuesta a las protestas masivas contra el gobierno en julio de 2021. Ello con el aparente objetivo de castigar a los manifestantes. Así como disuadir futuras manifestaciones”, aseguró Human Rights Watch en un informe publicado este lunes, cuando se cumple el aniversario de las protestas.
La represión del Gobierno y su aparente falta de voluntad para abordar los problemas subyacentes que llevaron a los cubanos a las calles, incluido el acceso limitado a alimentos y medicinas, han generado una crisis de derechos humanos que» aumentó drásticamente el número de personas que abandonan el país», indican.
En ese sentido, Juan Pappier, investigador senior de las Américas de Human Rights Watch, aseguró: “Hoy hace un año, miles de cubanos protestaron, exigiendo derechos y libertades. Sin embargo, el Gobierno les dio a muchos de ellos sólo dos opciones: prisión o exilio”.
LAS VÍCTIMAS
“Los gobiernos de América Latina y Europa deberían intensificar urgentemente su escrutinio de derechos humanos sobre Cuba. Y dar prioridad a una respuesta concertada y multilateral antes de que esta crisis de derechos humanos empeore aún más”, asegura la organización.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles en las mayores manifestaciones nacionales contra el Gobierno desde la revolución cubana de 1959.
Estas protestas pacíficas fueron una respuesta a las restricciones de larga data a los derechos, la escasez de alimentos y medicamentos, y la respuesta del Gobierno ante la pandemia de COVID-19.
Human Rights Watch entrevistó a más de 170 personas en Cuba, incluidas víctimas de abuso, sus familiares y abogados, y revisó los archivos de casos. Asimismo, verificó fotografías y vídeos enviados directamente a los investigadores y encontrados en plataformas de redes sociales.
1.400 DETENIDOS EN MANIFESTACIONES
Los miembros del Grupo de Expertos Forenses Independientes del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, emitieron una opinión experta sobre algunas pruebas de abusos.
Un manifestante, un cantante de 36 años llamado Diubis Laurencio Tejeda, murió, aparentemente a manos de la policía. Además, el grupo cubano de derechos humanos Cubalex informa de que más de 1.400 personas fueron detenidas. Incluidas más de 700 que permanecen tras las rejas.
Simultáneamente, concluye el informe, las autoridades cubanas han adoptado medidas para desmantelar el limitado espacio cívico que permitió que estas protestas ocurrieran.
Publicado en cooperación con Newsweek en Español
