Al menos 415 activistas comunitarios y de derechos humanos, ampliamente conocidos en Colombia como líderes sociales fueron asesinados desde enero de 2016, según cifras del Gobierno colombiano citadas en un informe de International Crisis Group. Algunos grupos de derechos humanos estiman que esa cifra es mucho más alta.
El informe recomienda que el gobierno de Colombia priorice la seguridad de las comunidades sobre las operaciones militares contra grupos armados para detener los asesinatos de activistas.
El Gobierno del presidente Iván Duque se ha centrado en destruir los cultivos de hoja de coca y debilitar a los grupos armados ilegales en un intento por proteger a los activistas, pero las operaciones militares pueden provocar represalias contra las comunidades, aseguró Crisis Group.
«Sin abandonar el objetivo de desmantelar los grupos armados, Colombia debe ofrecer a sus miembros caminos realistas para la reincorporación a la vida civil a través de la desmovilización colectiva negociada«, aseguró el informe.
Un vocero del Ministerio de Defensa reiteró la opinión del gobierno de que la violencia no se detendrá únicamente con la presencia militar y policial, sino mediante el establecimiento del estado de derecho.
El gobierno acusa a guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional, a disidentes de las FARC que rechazaron un acuerdo de paz de 2016 y a grupos criminales, algunos integrados por exparamilitares de derecha, de atacar a activistas como parte de sus planes para asumir el control del tráfico de drogas y de zonas estratégicas para la minería ilegal. Los ataques han generado la condena de grupos de defensa de derechos humanos y de la comunidad internacional.
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