Los derechos de las mujeres están cada vez más restringidos en Irán. Un informe de la ONU advierte que la policía de la moral aumentó la vigilancia con cámaras y drones, para controlar el uso obligatorio del velo.
“Dos años y medio después de que comenzaran las protestas ‘Mujer, Vida, Libertad’ en septiembre de 2022, el Gobierno de Irán sigue intensificando los esfuerzos para restringir los derechos de las mujeres y las niñas, y de otras personas que exigen derechos humanos como parte de un esfuerzo concertado para aplastar la disidencia”, dice el documento presentado por la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre la República Islámica de Irán.
La misión señaló que en el marco de los endurecimientos en las leyes obligatorias de vestimenta, las autoridades han impuesto “medidas represivas” que implican “un mayor uso de la tecnología y la vigilancia, incluso a través de vigilantismo estatal”.
En ese sentido, afirmaron que en el último año el régimen iraní “intensificó la vigilancia policial y el procesamiento penal contra las mujeres que desafían el uso obligatorio del hiyab” con el Plan Noor, aplicando multas, penas de prisión y hasta la pena de muerte a quienes se manifiestan de forma pacífica.
Además, remarcaron que “se perpetraron actos de persecución contra las víctimas de tortura, uso de la fuerza y otras violaciones durante las protestas, así como contra sus familias, quienes han sido sistemáticamente intimidadas para que guarden silencio sobre el daño sufrido durante las protestas, y contra quienes se solidarizan con ellas, como defensores de derechos humanos, abogados y periodistas”. “Muchos de los perseguidos se han visto obligados a abandonar Irán desde entonces”, agregaron.
Sara Hossain, presidenta de la Misión de Investigación, enfatizó que “la criminalización, la vigilancia y la represión continua de los manifestantes, las familias de las víctimas y los supervivientes, en particular las mujeres y las niñas, son profundamente preocupantes”.
A lo largo de dos años, la Misión de Investigación ha reunido y preservado un amplio conjunto de pruebas, incluidos más de 38.000 elementos de prueba, y ha entrevistado a 285 víctimas y testigos.
Según la ONU, hasta el momento 10 hombres han sido ejecutados en el contexto de las protestas, mientras que 11 hombres y 3 mujeres siguen en riesgo de ser ejecutados “en un contexto de serias preocupaciones sobre el respeto del derecho a un juicio justo”.
“El Estado ha negado en gran medida su responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales, según la Misión, constituyen crímenes de lesa humanidad. Su sistema judicial carece de independencia básica, y las víctimas y las familias que exigen justicia no solo se ven privadas de justicia, sino que también son constantemente intimidadas, amenazadas, detenidas y sometidas a procesos penales”, apuntaron.
