En lo que va de 2023, 12.667 migrantes arribaron a las costas de Italia, más del doble de lo registrado en el mismo período de 2022. Según datos del Ministerio del Interior del país europeo, el año pasado fueron 105.000 las personas que llegaron, y el 10% lo hizo en barco.
El Gobierno de Giorgia Meloni, que llegó al poder a fines de 2022 con una coalición de derecha y un fuerte discurso antiinmigración, decidió comenzar a restringir la asistencia a quienes se lanzan al mar en barcazas para escapar de sus países y llegar a suelo europeo.
Pese a los reclamos de la ONU y de organizaciones humanitarias, este jueves, el Parlamento italiano aprobó un decreto que establece un código de conducta para las embarcaciones de rescate que transportan migrantes, que podría poner en riesgo una gran cantidad de vidas.
Hasta ahora, los buques operados por organizaciones benéficas o no gubernamentales (ONG) solían pasar varios días en el Mediterráneo central para completar múltiples rescates antes de dirigirse al norte, hacia Italia. Pero la nueva norma exige a los capitanes regresar al puerto apenas se realiza un rescate, “sin demora”. Quienes no cumplan esta legislación se exponen a multas de hasta 50.000 euros, además del secuestro de las embarcaciones.
Asimismo, las ONG advierten que el decreto los obliga a llevar a los migrantes rescatados a puertos lejanos, lo que dificulta y retrasa los operativos.
El argumento del Gobierno y del Parlamento es que el hecho de no garantizar el rescate desestimulará a los migrantes. Sin embargo, las organizaciones sostienen que eso es falso, ya que las personas se encuentran desesperadas y se lanzarán al mar aunque no haya embarcaciones para rescatarlas, arriesgando su vida. En enero y febrero, se verifican 157 personas desaparecidas en naufragios y presuntamente muertas.
«Si no se controla la inmigración, se crea explotación, trabajo forzado, trabajo ilegal», explicó el subsecretario del Ministerio del Interior, Nicola Molteni, en el Parlamento, y agregó: «Si no se controla la inmigración, se crean bolsas de ilegalidad y delincuencia, generando una sensación de inseguridad social».
En contraposición, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseveró: “Esta es sencillamente la forma equivocada de abordar esta crisis humanitaria«. Y, en coincidencia, la Iglesia italiana opinó que se estaba violando el derecho internacional.
