La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú puso en marcha el trámite formal para llevar a juicio político al presidente Pedro Castillo, haciendo lugar a una denuncia constitucional por corrupción presentada por la Fiscalía General.
Según lo anunció la titular de la subcomisión, Lady Camones, “la denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría”, y eso representa el comienzo formal del proceso de acusación para el tercer intento de juicio político que enfrenta el mandatario en menos de un año y medio de Gobierno.
Vale señalar que Camones (de la oposición de derecha) había sido designada como presidenta del Congreso, pero fue destituida tras filtrarse un audio en la que se la oye conspirar con otros legisladores para sacar a Castillo del poder a través de una acusación, que finalmente se concretó. Aunque fue removida de ese puesto (otras facciones de derecha se repartieron los cargos directivos), no enfrentó juicio político y mantuvo su banca.
La denuncia constitucional de la fiscalía, liderada por Patricia Benavides) se presentó el 11 de octubre, e implica tanto a Castillo como a dos de sus ministros. La comisión lo validó por 13 votos contra 8. Para la fiscal, todos los denunciados son «presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario», incluyendo 190 documentos presuntamente probatorios en el expediente.
Castillo no tiene mayoría legislativa y, de hecho, se encuentra en una posición sumamente frágil, con un Congreso liderado por la derecha. En vistas de ese escenario, el presidente envió una carta a la OEA solicitando ayuda para evitar un golpe de Estado que, según su postura, estaba en marcha. Y el organismo envió una comisión esta semana, lo que ha permitido mantener hasta ahora estos avances en el plano formal.
La subcomisión presidida por Camones deberá ahora analizar la acusación y, si la considera procedente, la escalará a la Comisión Permanente del Congreso, anteúltimo escalón hacia el juicio político. El último, desde luego, es la votación del pleno de los legisladores en el recinto.
Como se señalaba, la denuncia central es por corrupción. La hipótesis de la Fiscalía es que Castillo lideraba una red de tráfico de influencias que ofrecía favores vinculados a la obra pública. Buena parte de su familia estaría vinculada también, según la acusación.
Pero, en verdad, es la segunda denuncia en trámite. La primera será analizada el viernes y es por “traición a la Patria”, por impulsar un referéndum para otorgarle a Bolivia una salida al mar, lo que representaría una pérdida de territorio. Además de la destitución, se pide la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos. Sin embargo, es probable que esta denuncia no encuentre apoyo suficiente, como sí se prevé para la denuncia de corrupción.
CONTRAOFENSIVA
Pero Castillo resiste, y acaba de jugar una carta que en cierta manera pone al Congreso entre la espada y la pared, justo cuando intentan avanzar en su destitución: solicitó el llamado “voto de respaldo” o “cuestión de confianza”.
En la Constitución, el Ejecutivo puede pedir al Legislativo su apoyo para una determinada ley. Si es rechazado, puede exigirlo una segunda vez. Pero si vuelve a ser rechazado, se entiende que el Congreso está bloqueando al Gobierno elegido por la sociedad, y el presidente tiene la facultad de disolverlo y llamar nuevamente a elecciones legislativas.
Eso mismo es lo que acaba de hacer el presidente del Consejo de Ministros (una especie de primer ministro o jefe de Gabinete con mayores poderes), Aníbal Torres, un experimentado hombre de la política, hoy mano derecha de Castillo en la gestión.
«No vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso», explicó Torres ante el Congreso, mientras la oposición repudiaba la medida. De todos modos, al estar en manos de la oposición, es probable que este apoyo no sea tratado antes del fin de las sesiones ordinarias.
El antecedente más cercano es el del exmandatario Martín Vizcarra, quien disolvió el Congreso, pero la nueva composición fue todavía más adversa para él, y fue desplazado en 2020.
