La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Cuba evitar “juicios injustos” a los manifestantes que participaron el año pasado en protestas sociales.
También expuso su “preocupación” por penas de hasta 30 años de prisión a quienes fueron a las manifestaciones de julio pasado en la isla.
La CIDH, un órgano de la OEA, “expresa preocupación por la condena en primera instancia de 128 personas que participaron en protestas del 11 de julio”. Con penas de entre cuatro y 30 años de prisión que se dieron a conocer el 16 de marzo, dijo el lunes en Twitter.
“Es obligación del Estado adoptar medidas necesarias para evitar que se someta a juicios injustos o infundados a quienes de manera legítima reclaman sus derechos con la protesta social”, agregó. E instó a Cuba a “garantizar el debido proceso”, incluido “el derecho de recurrir al fallo ante un tribunal superior”.
Este martes, Stuardo Ralón, uno de los siete comisionados de la CIDH y encargado del seguimiento de Cuba, condenó los fallos.
MAS DE 700 DETENIDOS
“Como relator de la CIDH para Cuba manifiesto mi condena por las penas desproporcionadas en procesos sin garantías que se han impuesto a ciudadanos en la isla por ejercer su derecho a manifestarse y exigir libertades y democracia”, señaló en Twitter.
La CIDH ya había hecho un llamado de atención a Cuba el 16 de febrero. En un comunicado en el que también manifestó su “preocupación” por las personas todavía detenidas por participar en las protestas de julio. El Órgano cifró en más de 700 detenidos, y demandó a Cuba su liberación.
El jurista Stuardo Ralón, habló con la AFP luego de que este órgano de la OEA manifestara su “preocupación”. Dijo que la situación “es dramática pues no se respeta la libertad de las personas. Existe un partido único, el Comunista, al cual hay que pertenecer para poder participar en política.
“Y cualquier persona que se manifieste contra el régimen, emita una idea diferente o exija libertad, es sujeta a detenciones arbitrarias, procesos y penas de prisión de hasta 30 años”.
Añadió: “Nos hemos percatado de que en muchos de estos procesos sin garantías se utilizan tipificaciones ambiguas, como delitos de sedición o terrorismo. Realmente se pretende criminalizar un acto que lo que pedía era una apertura democrática”.
Señaló también que hay una enorme responsabilidad de los distintos organismos internacionales para “visibilizar y denunciar”. Como la CIDH hace cuando hay violaciones, y exigir que no se vivan estas situaciones. “Si esas voces van al unísono, visibilizando la situación, se puede generar una posibilidad esperada de cambio”.
Publicado en cooperación con Newsweek en español
