La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza desde octubre del año pasado.
Estas acusaciones incluyen privar intencionalmente a la población civil de bienes esenciales como alimentos, agua, medicamentos y energía, según el fallo unánime de los jueces del tribunal.
Además de Netanyahu y Gallant, se dictó una orden similar contra Mohammed Deif, líder militar de Hamas, quien fue dado por muerto por Israel tras un ataque en junio pasado, aunque este hecho no ha sido confirmado por el grupo islamista.
Estas órdenes de arresto podrían aislar aún más a los acusados y dificultar negociaciones de paz, aunque su aplicación práctica es limitada, ya que ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la CPI.
Desde Israel, las órdenes fueron rechazadas como un acto antisemita y perjudicial. Tanto Netanyahu como otros líderes israelíes, junto con el presidente estadounidense Joe Biden, criticaron al fiscal de la CPI, Karim Khan, defendiendo las acciones de Israel como parte de su derecho a protegerse frente a Hamas. Por su parte, Hamas también condenó las decisiones del tribunal.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel argumentó que el país no tuvo oportunidad de investigar las acusaciones antes de que se emitieran las órdenes de captura. Alegan que Israel cuenta con un sistema legal independiente capaz de procesar estos casos, y calificaron la intervención de la CPI como injusta y perjudicial para una democracia establecida.
La CPI, como tribunal de última instancia, interviene únicamente cuando los estados no pueden o no quieren llevar a cabo sus propias investigaciones. Sin embargo, Israel no reconoce la jurisdicción del tribunal y ha tenido dificultades para avanzar en investigaciones similares en el pasado, según denuncian organizaciones de derechos humanos.
A pesar de las órdenes de arresto, es improbable que los acusados comparezcan ante la justicia en La Haya. La CPI no dispone de medios propios para hacer cumplir sus resoluciones y depende de la colaboración de los estados miembros, lo que limita significativamente sus posibilidades de acción en este caso.
