La popularidad de la reina Isabel II en el Reino Unido y sus colonias le permitieron a la corona sostenerse a pesar de innumerables intentos de establecer una república que elimine la monarquía y sortear otros tantos referéndum independentistas de parte de sus naciones asociadas.
De hecho, algunos movimientos llegaron a afirmar que ninguna avanzada podría tener éxito mientras Isabel estuviera viva. Fue la monarca más longeva: vivió 96 años, reinó durante 70 y finalmente murió este jueves 8 de septiembre en Escocia.
Su fallecimiento podría reabrir el juego para nuevos intentos republicanos a la luz de dos factores clave: su sucesor, Carlos III, es claramente menos popular, lo que le concitaría menos apoyo en la defensa de la corona; y la crisis económica y energética, con una inflación récord, golpea las bases populares y acentúa las desigualdades, forzando a la nueva ministra, Liz Truss, a lanzar un plan de asistencia de más de 100.000 millones de libras.
A principios de año, cuenta Reuters, el director ejecutivo del grupo de campaña Republic, Graham Smith, había afirmado: «La reina es la monarquía para la mayoría de la gente. Después de que ella muera, el futuro de la institución está en serio peligro. Puede que Carlos herede el trono, pero no heredará la deferencia y el respeto que se le otorga a la reina».
Las críticas de los antimonárquicos, como es el caso de Smith, no es sólo ideológica: uno de los ejes de su postura se sostiene en los números, en el alto costo que significa para la democracia posmoderna mantener a la familia real y su enorme corte. Según las fuentes oficiales, la monarquía le cuesta a cada británico casi 1 libra al año, pero Republic estima que el costo real es de 350 millones anuales.
Una investigación de Reuters, en 2015, calculó que la fortuna de la casa real británica alcanza los 23.000 millones de libras en activos nominales. Estas cuentas, desde luego, son informales, ya que las cuentas, que debieran ser públicas, no siempre lo son, como suele revelarse frecuentemente, y como ocurrió recientemente con la realeza española.
Pese a ello, la monarquía cuenta todavía con un fuerte respaldo popular, aunque sostienen que el recambio generacional está haciendo mella en esa base de apoyo. Y promete hacerlo todavía más con la llegada al trono de un hombre de 73 años, con una muy baja popularidad. Y aseguran que tampoco ayuda el contraste en la reina Isabel II y la segunda esposa de Carlos III, Camila, resistida desde los tiempos de la separación de Lady Di.
A tal punto existe esta preocupación, que los propios defensores de la monarquía avalan su abdicación en favor de su hijo William y Kate Middleton, los duques de Cornualles y Cambridge. No sólo son más jóvenes, sino que entienden mejor el nuevo mundo y tienen un mejor manejo de la prensa y la comunicación de la realeza.
Aún así, ambos fueron impactados por la crisis con Harry y Meghan, y cada vez que viajan al exterior deben enfrentar las críticas de movimientos antimonárquicos o independentistas que les recuerdan su pasado colonial, como ocurrió en el reciente viaje al Caribe.
En este contexto, los republicanos ven una oportunidad. Republic intensificó sus campañas en los últimos años y aseguran estar listos para impulsar un referéndum apenas terminen los funerales y el duelo por Isabel. «Es una oportunidad para hacer campaña, pero no va a ser una campaña fácil. Vamos a tener que trabajar duro para conseguir ese referéndum», señaló Smith.
En ese sentido, el Reino Unido tiene un problema y una ventaja para los promotores de poner fin a la corona: no existe una ley que establezca mecanismos para eliminar la monarquía. Por lo tanto, se trata de una hoja en blanco que podría escribirse en base a la opinión popular, es decir, si una mayoría abrumadora pide la caída del reino (considerando los factores de popularidad y descontento social), será difícil que el Estado se niegue a discutirlo y ejecutarlo.
Como antecedente, señalan que la única vez que se rompió la línea sucesoria fue durante el reinado de Carlos I, monarca que en 1649 fue juzgado por “alta traición”, condenado y ejecutado. Hubo una breve instancia republicana hasta 1660, cuando re reinstauró la monarquía, aunque con poderes mucho más limitados.
MOVIMIENTOS DE ULTRAMAR
Carlos III es ahora el rey no sólo de Gran Bretaña, sino también de otros 14 Estados, incluyendo a Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Allí también se espera que el efecto Isabel se haga sentir y movilice a los partidarios de la independencia, fenómeno que ya se había comenzado a reavivar en 2021, cuando Barbados declaró que prescindiría de la reina como jefa de Estado. De hecho, Jamaica y Belice anticiparon que se subirían a esa ola.
El propio Carlos afirmó en junio, durante la cumbre de la Commonwealth (la Mancomunidad de Naciones británica), que no se interpondría en la decisión que tomaran. “Quiero decir claramente, como he dicho antes, que el acuerdo constitucional de cada miembro, como república o monarquía, es una cuestión que debe decidir cada país miembro«, sostuvo, aunque eso no significa que la corona no jugara sus cartas políticas para evitar la separación.
«El beneficio de una larga vida me aporta la experiencia de que acuerdos como estos pueden cambiar, con calma y sin rencor», había dicho el ahora monarca.
En Australia, el escenario parece ser similar. En 1999 se realizó un referéndum y el 55% eligió seguir dependiendo de Isabel II. Pero han pasado más de 20 años, y la reina ha muerto. Los actuales sondeos aseveran que el 62% votaría en favor de un jefe de Estado australiano, pero sólo el 34% quiere una república.
Por otra parte, otra encuesta reciente muestra que la mitad de los canadienses consideran que hay que poner fin a la dependencia británica. Sin embargo, para ello debería realizarse una profundas reforma constitucional, lo que dificultaría un potencial proceso independentista.
Finalmente, en Nueva Zelanda hubo un referéndum en 2016 para eliminar de su bandera nacional la llamada Union Jack (la bandera británica). Y se rechazó. Pese a ello, afirman que los sectores más jóvenes de la población se inclinarían por un gobierno republicano. Esa lectura del electorado, llevó a la primera ministra, Jacinda Ardern, a admitir en 2018 que Nueva Zelanda debería en algún momento salir de esa dependencia, pero que no era una prioridad de su gestión.
