El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció sobre la reforma constitucional que el dictador Daniel Ortega quiere llevar a cabo en Nicaragua y la definió como una «sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades fundamentales».
«Daniel Ortega y Rosario Murillo (su esposa) han consagrado y afianzado su poder absoluto», aseguró Reed Bródy, integrante del Grupo de expertos.
Y precisó: «Ahora controlan el poder judicial, el legislativo y el aparato electoral, con poder para suspender todos los derechos, desplegar al ejército en operaciones policiales y utilizar a la llamada ‘policías voluntarios’ como tropas de choque».
«Estos cambios grotescos son la sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua», afirmó.
Y recalcó: «Oficializan el cierre del espacio cívico y garantizan que los ciudadanos no tengan a dónde recurrir cuando sus derechos sean violados«.
En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el jueves pasado al régimen de Nicaragua por la «falta de integridad del proceso electoral» del año 2011 y por la actuación «abusiva del aparato estatal» para lograr la reelección de Daniel Ortega.
«La Corte concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la reelección del presidente Daniel Ortega», sostuvo la presidenta de la CIDH, Nancy Hernández, en un acto de notificación del fallo
Y agregó que «además consideró que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral mostraron parcialidad y no garantizaron un recurso judicial efectivo para revisar las decisiones que cuestionaban irregularidades en el proceso».
«Las decisiones de las salas Constitucional y Plena de la Corte Suprema de Justicia, inaplicando una norma constitucional que de forma expresa no permitía la reelección presidencial, pretendieron dar una apariencia de legalidad a la decisión que autorizaba la reelección del presidente Daniel Ortega«, marcó.
Y aseveró que «existen suficientes elementos para concluir que estas decisiones perseguían permitir la inscripción del presidente Daniel Ortega como candidato y permitir su permanencia al mando del Poder Ejecutivo, lo cual constituyó un uso abusivo de aparato estatal para favorecer al candidato oficial«.