La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estimó que unas 1.000 personas se fueron forzadas en los últimos tres días a dejar sus hogares en Puerto Príncipe, la capital haitiana, por la escalada de violencia provocada por el choque entre organizaciones criminales.
«Los enfrentamientos mortales entre bandas rivales en el área metropolitana de Puerto Príncipe han aumentado en las últimas semanas alimentando la sensación generalizada de inseguridad y creando consecuencias dramáticas para la población civil», relata el último informe de la OCHA, citado por Europa Press.
La oficina de Naciones Unidas informó que estos episodios de violencia provocaron el desplazamiento forzoso de unas 5.600 personas en el último año.
El informe señala que «a menudo» la Policía es incapaz de ofrecer la seguridad necesaria, «dejando que la población se las arregle como pueda».
Muchos de los afectados son niños que han huido a zonas menos peligrosas de la ciudad y ante la falta de asistencia tienen que dormir en la calles, o en el mejor de los casos en refugios improvisados, como iglesias y gimnasios.
La situación de los menores es especialmente crítica, alertó Unicef, que estimó en más de 86.000 los niños menores de cinco años que podrían sufrir desnutrición aguda severa este año, en comparación con los 41.000 del año pasado.
«En tan solo un año, se espera que más del doble de niños padezcan desnutrición aguda severa en Haití. En los hospitales, me entristeció ver a tantos niños desnutridos. Algunos no se recuperarán salvo que reciban tratamiento a tiempo», narró el director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Jean Gough.
Esta semana ha aterrizado en Haití una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para reunirse con los actores políticos del país, en medio de la «grave situación política, de seguridad y de Derechos Humanos» que atraviesa.
El próximo 27 de junio estaba prevista la celebración de un referéndum electoral para avanzar en la ‘hoja de ruta’ hacia la transición defendida por el presidente haitiano, Jovenel Moise, quien gobierna por decreto por la ausencia de un Parlamento electo, pero fue pospuesta este último lunes debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.
Haití vive una larga crisis disparada a principios de año desde que la oposición alegase que el mandato de Moise expiraba el 7 de febrero. El presidente sostiene que el plazo no comenzó a correr hasta la celebración de unas elecciones válidas y que, por tanto, tiene derecho a seguir en el puesto hasta febrero de 2022.
En rigor, la crisis de Haití es endémica y está en el foco de atención de la ONU desde hace décadas, al punto de que entre 2004 y 2017 funcionó en ese país caribeño la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), con participación de fuerzas de paz que intentaban mediar entre los intereses políticos y también lidiaban con las bandas criminales.
Una situación que es agravó con el terremoto devastador del 12 de enero de 2010, que provocó entre 45.000 y 50.000 muertes.
