Cientos de jueces se sumaron este miércoles 21 de agosto a una huelga de trabajadores del poder judicial de México en protesta por la reforma judicial con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca que estos sean elegidos por voto popular.
Los impartidores de justicia agrupados en una asociación exigieron que los legisladores oficialistas detengan la discusión de la reforma “dadas sus tantas imperfecciones“.
“La iniciativa mencionada es contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal”, señaló la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
La agrupación añadió que durante el paro de labores no se realizarán ni ordenarán “audiencias, ni actos procesales con partes, terceros ni autoridades”.
El paro no incluye a los miembros de la Suprema Corte de Justicia ni del Tribunal Electoral de la Federación. El lunes 19 de agosto, cientos de trabajadores del poder judicial cerraron sus oficinas en varios estados del país al denunciar que los cambios propuestos al Congreso por López Obrador atentan contra sus derechos laborales.
¿SE ELIMINAN LAS PRESTACIONES LABORALES?
Según los empleados, el texto que discutirá el Legislativo elimina la llamada carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder a un cargo de juez federal. También, advierten sobre la eliminación de prestaciones laborales.
López Obrador alega que la reforma apunta a sanear el sector, que según él está carcomido por la corrupción y los privilegios, además de servir a intereses privados. El martes, el mandatario minimizó el paro de labores al señalar que “a la mayoría de los mexicanos no les va a importar”.
“Hasta nos va a ayudar a que, si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado”, dijo en su rueda de prensa.
La reforma podría tener el camino despejado si la autoridad electoral confirma que el oficialismo tendrá la supermayoría necesaria para modificar la Constitución a partir del próximo 1º de septiembre, cuando comienza una nueva legislatura.
“Sin dejar de reconocer su preocupación por las reformas al Poder Judicial de la Federación y su impacto en la vida democrática de nuestro país, JUFED está enfocada al diálogo y proposiciones concretas por los intereses de las personas juzgadoras del país y la preeminencia de la carrera judicial”, indica el comunicado.
Publicado en cooperación con Newsweek en Español
