El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, busca llevar adelante una reforma del Código Penal en lo que respecta a la libertad de expresión y atañe a distintas instituciones que conforman el Estado: el Poder Ejecutivo y también la Corona.
Esta iniciativa se encuentra dentro del «Plan Acción por la Democracia», aprobado por el Consejo de Ministros, y anunciado luego por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una rueda de prensa. Contiene 31 medidas que la gestión de Sánchez quiere implentar en los próximos tres años.
¿Qué cambios planea? Una de las modificaciones consiste en la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos, o la actualización de la ley de secretos oficiales.
«Fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz en los ciudadanos».
Y según agregó Bolanos, una «reforma integral del Código Penal» con el objetivo de abordar «los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos».
El funcionario sostuvo que el propósito es adaptar el Código Español «al Derecho de la UE» y adecuarlo a estos delitos «a lo que es la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
En España, la democracia está siendo asediada por campañas de desinformación, presiones a periodistas y corruptelas.
Por eso, mañana el Consejo de Ministros aprobará el Plan de Acción por la Democracia que anuncié antes de verano. Un plan que emana de nuestra Constitución y de… pic.twitter.com/A1ygcqReKy
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 16, 2024
El minstro también busca reformurlar la Ley Orgánica de Derecho al Honor de 1982 y la Ley Orgánica de Derecho a la Rectificación de 1984, puesto que «el régimen actual que protege el honor de las personas y que garantiza el derecho a una rectificación de las informaciones no veraces que se publiquen ha quedado claramente obsoleto».
«Son leyes que regulaban un panorama de medios de comunicación en los años 80, que para nada es el que tenemos en 2024», sostuvo y explicó: «Lo que pretendemos es garantizar a los ciudadanos a tener una respuesta si se les daña su honor».
Y así, según afirmó: «Garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique en un medio o pseudomedio de comunicación».
