Las fuerzas públicas de Venezuela han cometido más de 10.000 asesinatos, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según ONG que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados este martes 30 de abril por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzadas” en Venezuela.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe ‘Maduro, una década oscura para los derechos humanos‘.
La mayoría de las muertes responden a presuntas ejecuciones extrajudiciales, aunque también se cuentan los fallecimientos ocurridos durante masivas protestas en los años 2014, 2017 y 2019. La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
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“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes, de fuerzas políticas distintas de las del gobierno”, comentó Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana, que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio. Jornada en donde Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
Desde enero, fueron detenidos unos nueve colaboradores de la líder opositora, María Corina Machado, favorita en las encuestas, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos. En varios casos se denunció desaparición forzada. Lo mismo con otros activistas como Rocío San Miguel, una experta en temas militares, acusada de conspirar para derrocar a Maduro.
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Las oenegés y la oposición política rechazan estos señalamientos. El grupo de expertos de la ONU alertó también este martes en Ginebra que “desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas en Venezuela que afectarían a ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público”.
“Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente”, advirtieron los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Provea, que también ha denunciado en el pasado desapariciones, advirtió sobre un aumento en la represión en los próximos meses del ciclo electoral. La impunidad, además de la pobreza, es “la mayor violación de derechos humanos”, destacó la ONG.
Publicado en cooperación con Newsweek en Español
