(Por Pablo Giuliano)
El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, abrió esta noche una investigación formal contra el presidente Jair Bolsonaro, quien deberá responder por el delito de prevaricato por supuestamente haber estado al tanto de un caso de corrupción en la compra de vacunas Covaxin y no haberlo denunciado a las autoridades judiciales.
La decisión fue publicada a las 22.30, durante el partido Brasil-Chile por los cuartos de final de la Copa América 2021, y ordena a la Policía Federal que se encargue de interrogar al presidente en el escándalo por sobrefacturacion de un contrato de vacunas indias contra el coronavirus.
La jueza de la corte Rosa Weber tomó la decisión luego de que la fiscalía general de la República pidiera la apertura de la investigación.
El caso tiene relación con la denuncia del encargado de importación de vacunas del MInisterio de Salud, Ricardo Miranda, hermano del diputado bolsonarista Luis Miranda, quien dijo haber recibido presiones por parte del ala política de la cartera para firmar rápidamente un contrato con 1.000 por ciento de sobrefacturación en la compra de vacunas Covaxin.
Los hermanos Miranda relataron bajo juramento a la comisión del Senado, que investiga al gobierno en su rol en la pandemia, que le avisaron a Bolsonaro del escándalo el pasado 20 de marzo, pese a lo cual el mandatario no hizo la denuncia que debía a la Policía Federal.
El contrato se interrumpió esta semana tras el escándalo.
La decisión de Weber ocurre horas antes de que este sábado, en más de 300 ciudades del país, la oposición se junte para reclamar la renuncia y el juicio político del presidente ultraderechista.
La solicitud había sido hecha al mediodía por el subprocurador general de la República, Humberto de Medeiros, y es el acto judicial más importante sobre corrupción vinculado al actual presidente.
El diputado bolsonarista Miranda, del oficialista partido Demócratas, y su hermano, Ricardo Miranda, funcionario de carrera encargado de importaciones en el Ministerio de Salud, dijeron bajo juramento ante la comisión investigadora del Senado que le avisaron a Bolsonaro de la sobrefacturación de 1.000 por ciento en la compra de Covaxin el 20 de marzo en el Palacio del Planalto.
El pedido busca establecer si el mandatario ultraderechista, sabiendo del delito, no activó a la Policía Federal para investigar la denuncia, en la que aparece vinculado por su poder de cabildeo el líder del Gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, exministro de Salud de Michel Temer.
El Gobierno de Bolsonaro dijo que avisó dos días después, el 22 de marzo, al entonces titular de la cartera sanitaria, general Eduardo Pazuello, hoy secretario especial de la Presidencia tras ser expulsado del cargo el 23 de marzo.
El contrato con empresas tercerizadas para comprar vacunas Covaxin fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo, tres meses después de esa reunión entre los hermanos Miranda y Bolsonaro en la Casa de Gobierno.
El diario O Globo apuntó a que existe temor en el Palacio del Planalto de que el diputado Miranda tenga la grabación del encuentro que tuvo con el mandatario.
El fiscal general, Augusto Aras, muy cercano al presidente, había pedido al Supremo Tribunal Federal esperar que la comisión del Senado termine de investigar para tomar el caso.
Pero la jueza suprema Weber le envió un escrito diciendo que la fiscalía general no podía ser apenas un «mero espectador» de posibles delitos cometidos.
Este escándalo sobre Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense Davati, dedicada a insumos médicos, denunció a un director de logística del Ministerio de Salud por pedirle 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no llegó a cumplirse.
El fiscal general Aras había desestimado el jueves denunciar a Bolsonaro por omisiones en la compra de fármacos durante 2020, cuando retrasó las adquisiciones de dosis de CoronaVac y Pfizer debido a sus cuestionamientos a la vacunación.
Pero esta vez, parte del Supremo Tribunal Federal ha coincidido en la necesidad de investigar al Poder Ejecutivo a la luz de las revelaciones de la comisión parlamentaria del Senado.
Bolsonaro dedicó ayer declaraciones, discursos oficiales, diálogo con sus seguidores y un vivo de Facebook para acusar a tres jueces de la corte que se reunieron oficialmente con líderes de partidos políticos -incluidos los que apoyan a Bolsonaro en el Congreso- para ratificar la transparencia del sistema de urna electrónica que Brasil usa desde 1996.
«Si me ganan con fraude el año que viene, no entregaré la banda presidencial a otro», dijo el jefe de Estado, quien sostuvo que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva apenas puede ganar «si no se incorpora el voto impreso».
Hoy, Bolsonaro dijo que Lula está articulando apoyos con partidos políticos, prometiendo ministerios a cambio de que no apoyen el reclamo oficialista de cambiar el sistema electoral bajo denuncias de fraudes pasados de los que hasta ahora no presentó pruebas.
La apertura de la investigación se suma al «superpedido» de impeachement por 123 violaciones a la Constitución que presentaron la oposición, de derecha e izquierda, ante el Congreso.
En un juego de presiones y equilibrios, el encargado de autorizar el juicio político es el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), quien dijo que no existe «materialidad» de Bolsonaro en los delitos presentados.
La presión para que Lira saque del cajón el pedido de impeachment será ejercida en las calles este sábado, con una manifestación, la cuarta en 60 días, pidiendo la renuncia de Bolsonaro, convocada tanto por la izquierda como por parte de la oposición derechista.
