La canciller Diana Mondino manifestó ante las Naciones Unidas (ONU) la preocupación de Argentina y otros países sobre los derechos humanos en Venezuela, y pidió a Nicolás Maduro que cese la “ola de represión” que se vive en el país.
“Instamos a Venezuela a liberar en forma incondicional e inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente, a poner fin a la ola de represión contra los opositores políticos y manifestantes que se está intensificando en todo el país”, expresó en su discurso.
La funcionaria, que se encuentra realizando una gira por Suiza y Austria, arribó a la ciudad de Ginebra para participar del 57° Consejo de Derechos Humanos de la ONU para referirse a la situación de Venezuela en nombre del Core Group y otros países adherentes.
“Deseamos transmitir nuestra profunda preocupación por la grave crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Venezuela, que se ha acentuado aún más en el año 2024 en el marco del proceso electoral reciente. Esto incluye la suspensión de la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado, entre otras cuestiones”, expresó en su discurso.
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Mondino señaló que “en las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio, la situación de derechos humanos ha empeorado a un ritmo alarmante” tras las acusaciones por un posible fraude.
Denunciaron que hubo “detenciones arbitrarias de figuras de la oposición, periodistas y manifestantes, incluyendo niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, algunas de las cuales podrían constituir desapariciones forzadas; uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y de grupos de civiles armados conocidos como ‘colectivos’; llamamientos del Estado para que se presenten denuncias en contra de quienes participaron en manifestaciones pacíficas; cancelación de pasaportes a periodistas y defensores de derechos humanos; así como la persecución judicial iniciada por el Estado venezolano contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia”.
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“Resulta especialmente preocupante el daño que estas acciones ocasionan al Estado de Derecho, la democracia y el respeto a las libertades civiles y políticas del pueblo venezolano, y que redundan en un deterioro de la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos por parte de Venezuela”, remarcaron.
En ese sentido, llamaron a respetar “de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención”, y exhortaron al régimen venezolano a “reanudar la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y a permitir el ingreso al país de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos para que puedan cumplir debidamente con sus mandatos”.
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Además del Core Group y Argentina, también suscribieron a este reclamo Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Finlandia, Georgia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Mónaco, Nueva Zelandia, Panamá, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza y Uruguay.
