La tierra se sacudió como pocas veces se había visto. Y sucumbió hasta llevarlo a las ruinas a un país que ya estaba sumergido en una crisis sin igual. El sismo de 7,7 grados hizo temblar hasta los cimientos a Myanmar, una golpeada nación del sudeste asiático cuya historia está atravesada de guerras de todo tipo desde que se independizó de Gran Bretaña en 1948, cuando todavía se llamaba Birmania. Una dictadura militar hoy está al frente del gobierno pero con permanentes enfrentamientos con otros sectores. Ese conflictivo escenario complica mucho más las tareas de rescate y ayuda tras el calamitoso panorama dejado por el terremoto que hasta el momento ha dejado 1.700 muertos, 3.600 heridos y más de 300 desaparecidos, cifras que pueden ser aún mucho mayores.
La guerra civil que se desató después de que el Ejército tomó el poder del gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021 dificulta todos los esfuerzos de los rescatistas. Hay fuertes resistencias a esa durísima dictadura militar que vienen denunciando violaciones a los Derechos Humanos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el principal movimiento de resistencia, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), decidió un «alto el fuego» unilateral en las zonas del país afectadas por el terremoto para facilitar las tareas de ayuda. Es más, hasta ofreció colaborar con la ONU y ONGs internacionales para garantizar la seguridad, el transporte y el establecimiento de campamentos temporales de rescate y médicos en las zonas bajo su control, aportando además profesionales de la salud incluso en zonas bajo control militar, siempre que se les brindaran garantías de seguridad.
No fue la misma reacción que tuvo el gobierno dictatorial que, aún en este caótico y desesperante escenario post-sismo, siguió bombardeando zonas controladas por los rebeldes. Por ejemplo, poco después del devastador terremoto del viernes, aviones militares lanzaron ataques aéreos y con drones en el estado de Karen, cerca de la sede de la KNUSi. Además, si bien esta vez, ante la dimensión de la tragedia del terremoto, tuvo el inusual gesto de solicitar ayuda extranjera de emergencia, hay mucha desconfianza de cómo el Ejército dominante va a catalizar esa ayuda. Los antecedentes son desalentadores: en 2008, inicialmente se negó a permitir la entrada de equipos de rescate extranjeros y muchos suministros de emergencia tras el ciclón «Nargis» -que causó más de 100.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos- y cuando finalmente aceptó esa ayuda del Exterior, lo hizo con severas restricciones. En 2023, cuando el ciclón «Mocha» golpeó las costas de Myanmar, las tareas de rescate del Ejército volvieron a llegar muy tarde y, al igual que en 2008, se desaconsejaron las misiones de socorro privadas. Los daños materiales fueron cuantiosos y, si bien se reconocieron oficialmente 145 muertes, informes independientes cifran el total en más de 400. Hoy, con más de 1.700 muertos hasta el momento por el terremoto, los militares en el poder siguen manejando discrecionalmente la forma de enfrentar las consecuencias de esta hecatombe.
Antes del terremoto el gobierno militar llevó adelante una represión masiva con un uso desmedido de la violencia estatal e, incluso, con la restricción de la ayuda imprescindible para los más de 3 millones de personas desplazadas por la guerra. De esta manera, el régimen del presidente de facto Min Aung Hlaing «administra» el suministro de la asistencia de acuerdo a sus conveniencias políticas, usando al propio Ejército para facilitar o bloquear los víveres necesarios priorizando a sus partidarios. Por eso los críticos del gobierno militar vienen exigiendo desde hace tiempo que los envíos de ayuda externa sean entregados en forma directa -sin intermediación del Estado de Myanmar- por las organizaciones benéficas en las zonas bajo control de la resistencia.
Desde que en 1948 se independizaron de Gran Bretaña los habitantes de Myanmar han visto cómo el Ejército siempre estuvo al acecho o directamente en el poder. El Ejército, que ha gobernado Myanmar, ya sea en forma directa o indirecta la mayor parte del tiempo arrebató el poder al gobierno de Aung San Suu Kyi., la mujer que fue Premio Nobel de la Paz y que fue derrocada cuando se disponía a iniciar un segundo mandato de cinco años junto al presidente Win Mynt. Tanto ella como los otros líderes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia, fueron encarcelados, y las fuerzas de seguridad reprimieron las manifestaciones pro democracia con fuerza letal. Eso generó el crecimiento de la resistencia armada y, a su vez, la escalada de violencia del Ejército contra quienes se rebelaron. Si bien las fuerzas militares cuentan con una ventaja clara en personal y armamentos, los combatientes pro democracia aliados con grupos étnicos minoritarios que buscan mayor autonomía vienen logrando contraataques muy efectivos y, según los expertos, controlan una porción mucho mayor del territorio que las tropas del Estado.
El autodenominado Gobierno de la Unidad Nacional (NUG), que coordina la resistencia a la administración dictatorial, goza de la legitimidad otorgada al haber sido formado por legisladores electos. Sin embargo obviamente es perseguido por el régimen dictatorial y opera en la clandestinidad. Tiene un brazo armado llamado Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF), que en general está integrado por grupos de defensa formados localmente, mal armados, pero generalmente con la ventaja de combatir en territorio propio. Además tienen como aliados a grupos étnicos con mucha más experiencia e incluso, en algunos casos, hasta han logrado fabricar sus propias armas lo que los ayudó a combatir con éxito a las fuerzas gubernamentales.
Por su parte, la también opositora Unión Nacional Karen, uno de los ejércitos étnicos más antiguos de Myanmar, dijo en un comunicado que la junta militar «continúa realizando ataques aéreos contra zonas civiles, incluso mientras la población sufre tremendamente por el terremoto». En ese sentido, ese grupo argumentó que ante circunstancias tan catastróficas cualquier gobierno y sus militares priorizarían los esfuerzos de socorro, pero que las autoridades dictatoriales de Myanmar están centrados en «desplegar fuerzas para atacar a su pueblo».
Según la organización de ayuda Free Burma Rangers, pocas horas después del catastrófico terremoto del viernes, aviones militares lanzaron ataques aéreos y con drones en el Estado de Karen. Richard Horsey, asesor principal de Crisis Group sobre Myanmar, dijo que algunas fuerzas rebeldes detuvieron sus ofensivas, pero los combates continúan en otros lugares. «El régimen también continúa lanzando ataques aéreos, incluso en las zonas afectadas. Eso debe cesar», afirmó y denunció que el gobierno no estaba brindando mucho apoyo visible en las zonas afectadas por el terremoto. «Los bomberos locales, las ambulancias y las organizaciones comunitarias se han movilizado, pero los militares, que normalmente se movilizarían para apoyar en una crisis como esta, no están por ningún lado», sostuvo Horsey. Por eso, el ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, exigió un «alto el fuego» inmediato para facilitar la distribución de la ayuda, tras una reunión virtual de emergencia por este mensaje que mantuvo con sus pares de la ASEAN.
Vale aclarar que el epicentro del terremoto de magnitud 7,7 estuvo en una zona controlada por las fuerzas de la Junta Militar gobernante, pero la devastación es generalizada y también afectó parte del territorio controlado por movimientos de resistencia armada. En ese contexto, en un país en guerra civil es que se dio el devastador terremoto. Y hoy afronta ese cuadro de dolor y muerte. Pero también de un enfrentamiento letal que condiciona hasta la ayuda. En esa nación en la que la naturaleza parece haberse ensañado con los más golpeados.
Publicado en cooperación con MundoNews
