Tras la reforma a la Constitución que impuso la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, un grupo de expertos de la ONU aseguró que ambos dieron «el golpe final» al estado de derecho, ya que, ahora cuentan con «un dominio absoluto» del país centroaméricano.
«Han transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario, donde no quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población (…) enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas», aseveró en un informe anual el Grupo de Expertos nicaraguense en Derechos humanos.
Explicó que la reforma constitucional, que está vigente desde el 18 de febrero pasado, «representó un golpe final al Estado de derecho», ya que «eliminó los pocos controles institucionales que quedaban, creando un poder ejecutivo con dominio absoluto».
Daniel Ortega y su mujer se encuentran en el poder en Nicargua desde el 2007 y aumentaron los mecanismos de violencia desde el Estado con las protestas de 2018, ya que según el matrimonio dictatorial, se trató de «un golpe de Estado».
«Desde 2018, Ortega y Murillo han afianzado progresivamente su control total», remarcó Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos.
Y para lograrlo, han efectuado «sistemáticamente graves violaciones de los derechos humanos».
En esa línea, Ariel Peralta, integrante del Grupo de Expertos, marcó: «Estamos viendo la represión sistemática de cualquiera que se atreva a desafiar el control de Ortega y Murillo».
y dejó en claro que «este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo»
Por su parte, Reed Brody, que también forma parte del Grupo de Expertos, aseguró: «Nicaragua se ha convertido en un lugar de vigilancia y silencio impuesto para quienes permanecen, mientras que aquellos que se atreven a resistir, o que simplemente son percibidos como disidentes, enfrentan una vida de apátrida y exilio».
El reporte también puso el foco en la creación de la «policía voluntaria, que se encuentra en la reforma aprobada de la Constitución y aseveró: «Las instituciones estatales y paraestatales y el FSLN (gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional) se han fusionado en una maquinaria unificada de represión».
Ante este panorama, el grupo afirmó que en Nicaragua se cometen «crímenes de lesa humanidad» y que la dictadura Ortega-Murillo «debe rendir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia».
«La comunidad internacional no puede limitarse a ser testigo, sino que debe tomar medidas concretas y urgentes, acciones legales, procesos judiciales y sanciones específicas, para hacer que el gobierno y los responsables individuales rindan cuentas», recalcó Brody.
