En Europa, España, con el presidente Pedro Sánchez, busca llevar adelante la Ley Mordaza, que ya encendió la polémica y en América Latina también hay un país que tiene ya esa normativa y que busca endurecerla.
Se trata de Nicaragua. El régimen liderado por Daniel Ortega le ordenó al Parlamento modificar de manera «urgente» la Ley de Ciberdelitos más conocida como Ley Mordaza, con dos objetivos: aumentar las penas y la potestad de perseguir fuera del territorio «delitos informáticos».
¿Qué es lo que cambia a partir de ahora? antes se determinaba la «investigación, persecución y sanción» de delitos llevados a cabo «por medio de las tecnologías de la información», pero con esta reforma, se suma «el uso de redes sociales y aplicaciones móviles».
También extiende el uso de la represión «a autores materiales, intelectuales, cooperadores necesarios, cómplices, o cualquier persona que facilite o favorezca la comisión de delitos previstos».
Antes eran únicamente delitos de «orden público» pero ahora engloba a aquellos que efectuén «delitos» tanto en Nicaragua como fuera del país.
Las penas que contempla son: desde prisión perpetua a confiscación de bienes a los que lleven adelante delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, ciberdelitos y cualquier falta contra la administración pública.
En cuanto al cambio en la ley de Ciberdelitos, las penas de cárcel suben a cinco años.
Y si, a su vez, la publicación en redes sociales «incita a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos raciales, religiosos, políticos, condición económica y social o ponga en peligro la estabilidad económica y social, el orden público, la seguridad soberana o la salud pública», la pena se incrementa al doble: 10 años tras las rejas.
Anteriormente el tope era cinco. Hoy si se juntan, son 15 años de privación de la libertad.
Ley Mordaza en España: qué busca Pedro Sánchez con esta polémica medida
EL ROL DE LA POLICÍA
En Nicargua, los agentes policiales pueden pedir «información de los titulares de la líneas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, relación de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización, ubicación de las antenas emisoras y receptoras».
También, «realizar registros, allanamientos, inspecciones y requisas que sean necesarios».
A su vez, sustraer y acceder a información de sistemas electrónicos e informáticos. En los «casos de urgencia», no necesita una orden judicial y cuenta con un lapso de tres días hábiles para la «convalidación del acto ante la autoridad judicial».
