El juez federal de Massachusetts, Brian Murphy, tomó una decisión que le pone un nuevo freno a las deportaciones que el Gobierno estadounidense de Donald Tump quiere seguir llevando a cabo con migrantes extranjeros.
El magistrado le prohibió a la gestión norteamericana deportar a los migrantes a lugares que no sean su país de origen sin darles un aviso previo y la oportunidad de buscar protección contra la persecución o la tortura.
En el escrito, el juez aclaró que la Casa Blanca no podrá realizar ese tipo de deportaciones «a menos que el Gobierno federal proporcione a la persona y a su abogado «un aviso por escrito del país al que pueden ser removidos».
Esta medida se suma a la determinación del magistrado federal James Boasberg que bloqueó temporalmente los vuelos desde EEUU a El Salvador con el objetivo de analizar por qué el Gobierno utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y cuáles fueron sus argumentos para expulsar a cada uno de estos individuos.
Pero el Gobierno no solo no frenó esos viajes y deportó a 238 venezolanos presuntamente vinculados a la banda criminal «El Tren de Aragua» y 23 de «la mara SalvaTrucha» sino que la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, aseveró que las deportaciones hacia El Salvador continuarán.
