El juez federal de San Francisco, Edward Chen, suspendió la eliminación del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que el Gobierno de Donald Trump había anunciado que revocaría el próximo 7 de abril.
La decisión del magistrado no es definitiva, pero significa un respiro para los 350.000 venezolanos que corrían el riesgo de ser deportados de EEUU la semana que viene.
En su argumento, Chen afirmó que ponerle fin al TPS «amenaza con infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, y que costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica».
La administración republicana cuenta con una semana para apelar esta decisión.
Este beneficio fue dado por la gestión de Joe Biden en el 2021, basándose en la criminalidad e inestabilidad política y económica de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Pero con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que los venezolanos que habían adiquirido el TPS en 2023 dejarían de contar con esta herramienta el próximo 7 de abril.
17 nacionalidades cuentan con este permiso, pero a los únicos que no se les iba a renovar era a los venezolanos.
Su titular, Kristi Noem, sostuvo que era «contrario al interés nacional» que los migrantes venezolanos siguieran en EEUU.
Además, al contrario del Gobierno de Biden, aseveró que la situación en el país caribeño, que continúa bajo la dictadura chavista, había mejorado.
El anuncio de la finalización del TPS estaba dirigido a aquellos que lo habían adquirido en 2023. Quienes lo obtuvieron en 2021, tienen la renovación el próximo 10 de septiembre.
